Jueves, 21 de Julio de 2011 12:41
Roberto Valdivia
Ciego de Ávila, 21 de julio de 2011, (PD) En un trabajo anterior,
comenté sobre la práctica reiterada de desalojos forzosos. Por razones
de tiempo y espacio no pude exponer aristas que harán más comprensible
la dramática importancia y el peso social que el asunto conlleva. Las
víctimas tanto en estos como en otros casos coinciden que en Cuba, la
ley se inclina del lado del poder.
La señora Urrelis Pérez de 65 años de edad y su hijo Arnaldo Lázaro
Pello Urrelis de 35, están bajo la amenaza de ser desalojados por la
policía y la Dirección de la Vivienda del municipio Ciego de Ávila,
cabecera provincial. Esta familia residió en la provincia Villa Clara
hasta el año 2009, en que su casa fue devastada por el paso de un
huracán. El gobierno prometió reconstruirla, pero nunca lo hicieron.
Como solución, vendieron una propiedad y compraron otra de la que fueron
desalojados por la policía y la Dirección de la Vivienda.
Después de estos eventos, se trasladaron a la provincia Ciego de Ávila,
donde acogidos al decreto ley 271 recibieron en usufructo una parcela de
tierra ociosa, plagada de marabú y como vivienda un contenedor, al que
habilitaron con puertas, techo y ventanas. Cuando las tierras estuvieron
preparadas, el gobierno les retiró el usufructo y les desalojó del
lugar. Para ello, empleó el argumento de que sería usado para la siembra
de plantas ornamentales con destino al turismo.
Resistidos a abandonar el lugar y convencidos de haber sido engañados
por el gobierno, mantienen el contenedor-vivienda a pocos metros de un
polígono de instrucción militar sin agua potable ni electricidad. Allí
son asediados por funcionarios de la vivienda y por la policía, para que
abandonen el lugar. Ambos son discapacitados físicos y presentan serios
problemas de salud. No obstante, fueron declarados 'ocupantes ilegales'
y si no abandonan el lugar, serán sacados a la fuerza y procesados por
los tribunales.
El señor Eleoval Suárez Moure de 36 años y vecino del municipio Florida,
provincia Camagüey, denuncia que su vivienda está afectada parcialmente
por el paso de los huracanes de 2009. En días recientes una tormenta
local severa provocó daños de envergadura y su casa se encuentra
actualmente en fase de derrumbe. La situación lo llevó a solicitar ayuda
nuevamente a la Dirección Municipal de la Vivienda y al Poder Popular, a
través del delegado de la circunscripción. Ambas instancias declararon
no contar con medios para resolver el caso. Tendrá que esperar que la
casa se derrumbe totalmente. Le sugirieron que retirara los artículos y
equipos de valor que pudieran ser afectados. Además, las lámparas de
alumbrado eléctrico para evitar accidentes de este tipo.
Suárez Moure está jubilado y padece esquizofrenia paranoide, retraso
mental ligero, bradicardia sinusal y carcinoma de piel. Su esposa, la
Sra. María Luisa Bermúdez, débil visual, está afiliada a la ANCI
(Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales) ante el inminente
peligro de derrumbe y la falta de ayuda gubernamental, ambos y con el
beneplácito de sus vecinos, decidieron ocupar con carácter provisional
una habitación que durante años, se encontraba deshabitada. En la
actualidad y debido a esta decisión, el gobierno que no aportó solución
para el caso, los mantiene asediados por la policía, que amenaza con
sacarlos por la fuerza, si no abandonan el lugar. Las autoridades, en
ningún momento mencionan la palabra desalojo. En su lugar dicen,
"extracción forzosa", que aunque es lo mismo, suena más bonito para el
gusto oficial. El matrimonio afirma estar abandonado a su suerte, por un
gobierno que asegura ser de los humildes, para los humildes y con los
humildes.
http://www.primaveradigital.org/primavera/sociedad/sociedad/1879-nuevas-victimas-de-desalojos
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