Propietarios del pasado
LAURA RODRÍGUEZ AMARO | La Habana | 6 Ene 2016 - 12:36 am.
De paso por las calles de Centro Habana, La Habana Vieja y otros
municipios capitalinos se encuentran esos letreros obsoletos, escondidos
entre la arquitectura, y apenas legibles por el paso del tiempo:
"Roseland", "La Elegante", "Joyería Corona", "Bolsa de La Habana"...
Ante semejantes destellos a menudo me ha venido a la mente aquel
libro-archivo de Guillermo Jiménez Soler: Los propietarios de Cuba 1958,
cuyas páginas registran muchas de esas propiedades que ahora vemos como
sombras borrosas en portales, en viejas vidrieras o en fragmentos de calles.
Publicado por primera vez en 2006 por la editorial Ciencias Sociales, y
Premio de la Crítica al año siguiente, el volumen de este historiador y
periodista cubano constituye, en palabras de su prologuista Oscar
Zanetti, "un complemento inestimable dentro del caudal de conocimientos
que nuestros historiadores han acumulado", y también "un valioso recurso
analítico para quienes investigan la historia económica como para los
estudiosos de la realidad social y política del período republicano".
Pero, más que un complemento o un recurso, yo diría que se trata de una
pieza clave y valiosísima por sí misma.
Excomandante del Ejército Rebelde y del MINFAR, exocupante de cargos
directivos en el MININT y el MINREX, y colaborador de Granma
Internacional, Jiménez Soler declara en las introductorias "Palabras al
lector" que todas sus obras —Las empresas de Cuba 1958 (Ediciones
Universal, Miami, 2000), a la que se suma la presente y las ya
anunciadas La burguesía en Cuba y El capitalismo en Cuba— están
"preservadas de prejuicios ideológicos, de subjetivismos involuntarios
del autor o de cualquier juicio hermenéutico proveniente de otros".
Sin embargo, Jorge Ibarra —se incluye en esta edición el texto leído por
Ibarra a propósito de la presentación del libro— hace notar el "atinado"
cambio que introduce Jiménez Soler en el título a la edición de 2008:
donde dos años antes se leía Los propietarios en Cuba 1958, ahora se
lee: Los propietarios de Cuba 1958. No hay ni que decir que con esta
modificación preposicional se anula todo empeño de "objetivación" o
neutralidad del autor a la constante ideológica.
Los propietarios de Cuba 1958 es, en esencia, una gran compilación. El
tomo consta de 550 fichas ordenadas alfabéticamente. Fichas sobre los
550 miembros más destacados de la burguesía cubana justo en el momento
del triunfo de la Revolución.
Además de una breve información biográfica y una serie de datos de
índole familiar y personal, las fichas relacionan las empresas y otros
bienes poseídos por cada uno de los "fichados", así como sus cargos en
la arena política o en instituciones de carácter cívico, religioso,
cultural, etc. Lo más interesante —y quizás el verdadero "gancho" de
este volumen— es que al lado de cada nombre el autor coloca una
calificación, del 1 al 5, según la importancia económica de la fortuna
en cuestión.
Surge, por supuesto, la pregunta sobre los modos de cuantificar tal
importancia. Jiménez Soler lo resume así: "la valoración que se presenta
se elaboró atendiendo al número y al tipo de propiedades, a la
proporción de los intereses en cada una de ellas y a su número y peso
dentro de la estructura económica característica del país que, según los
rubros y servicios de su especialidad, establecía un nivel dado de
rentabilidad y, por tanto, su ingreso personal, presumiblemente en
consonancia con estos activos".
Buscando a los más ricos entre los ricos —los calificados con el número
uno— encontraremos muchos nombres de industriales azucareros, como José
Arechabala, Manuel Aspuru, Jesús Azqueta, Eutimio Falla, Antonio
Miyares, Alejandro Suero, Julián de Zulueta, José Bernardo Rionda y los
Higinio y Alfonso Fanjul; también a banqueros como Juan Gelats y Carlos
Núñez, y el presidente de la Compañía Cubana de Teléfonos, Antonio
Rosado, y por supuesto al judío-venezolano Julio Lobo, la principal
fortuna individual del país.
La única mujer dentro de esta categoría es Elena Santeiro, una de las
principales propietarias de bienes inmuebles en el sur de la Florida. Y
la ficha más extensa es la de Fulgencio Batista. Es a él a quien más
páginas dedica Guillermo Jiménez; de nadie se brinda tanta información
como de Batista.
¿Cómo leerán semejante libro las nuevas generaciones? Están los
historiadores e investigadores a los que se refería Zanetti, pero
también están aquellos para los que Los propietarios de Cuba 1958 puede
ser como una gran ficción, continuación de aquellos relatos pintorescos
que le solían hacer abuelo y bisabuela. Una ficción donde, entre otras
cosas, se narran chismes económicos, políticos, domésticos y judiciales
de unos personajes que habitan un pasado de telenovela.
Pienso en lectores ya acostumbrados a una Cuba arruinada, devastada,
para quienes la palabra "propiedad" está tan vacía y despojada de
sentido como la estirpe de un apellido fundada por algún tatarabuelo. A
esos lectores, la lectura atenta de Los propietarios de Cuba 1958 puede
resultarles una experiencia bastante extraña.
Porque más allá de los nombres propios, del "quién era quién" al cierre
del año 58, las páginas del libro están llenas de centrales azucareros,
de fincas ganaderas y arroceras; papeleras, refinerías, destilerías,
licoreras, navieras, torrefactoras; fábricas de materiales de
construcción, de gas doméstico; agencias de autos, firmas de
arquitectura, bancos, hoteleras, balnearios, clubes, urbanizadoras,
aseguradoras, periódicos, petroleras, estadios, publicitarias,
aerolíneas, farmacéuticas, ferrocarriles, textileras...
Imaginemos que todo lo anterior se despliega ante nuestros ojos a la
manera de un mapa. Los propietarios de Cuba 1958 es también una suerte
de maqueta: la de un país posible, que se vuelve más fantástico y lejano
cada día que pasa.
Guillermo Jiménez Soler, Los propietarios de Cuba 1958 (Ciencias
Sociales, La Habana, 2006).
Source: Propietarios del pasado | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1452036969_19275.html
Friday, January 8, 2016
Thursday, January 7, 2016
El rompecabezas de la vivienda en Cuba
El rompecabezas de la vivienda en Cuba
ORLANDO PALMA, La Habana | Enero 07, 2016
A un año de extinguirse el Instituto Nacional de la Vivienda, se
mantienen las irregularidades que llevaron a disolver al todopoderoso
organismo gubernamental. El exceso de trámites y su morosidad generan
molestias en una población que apenas nota beneficios en la
transferencia de funciones a otras entidades estatales.
El 5 de enero de 2015 entró en vigor el Decreto Ley 322 que ponía fin a
décadas de reinado del Instituto Nacional de la Vivienda. Desde
entonces, el Ministerio de la Construcción asumió la potestad de regir
la política de vivienda del país, mientras otras funciones recayeron en
el Instituto de Planificación Física (IPF), los tribunales y el
Ministerio de trabajo y Seguridad Social.
Durante los últimos doce meses se han recibido unas 200.000 quejas
relacionadas con trámites vinculados a la vivienda. Esta cifra supera
las insatisfacciones documentadas contra el organismo que anteriormente
atendía esas cuestiones, según se informó durante la última sesión de la
Asamblea Nacional, en diciembre pasado.
Diana Rosa Suárez, directora jurídica del IPF, comentó ante los medios
oficiales que existen retrasos en los trámites, fundamentalmente
aquellos vinculados a dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas,
aunque adjudicó las demoras a las carencias materiales y de personal,
especialmente calificado.
La funcionaria defendió su entidad, al detallar que el actual documento
que certifica "el habitable" –para viviendas recién construidas o
reparadas– incluye ahora más datos que con anterioridad. Entre ellos,
las medidas del inmueble y sus linderos, la tasación y hasta el número
que se coloca en la fachada de la casa.
Sin embargo, las argumentaciones de los representantes del IPF no
aplacan las críticas. Caridad Rodríguez, una residente del capitalino
municipio de Regla, considera que "las cosas pueden haber cambiado por
allá arriba, pero aquí abajo sigue como antes". La jubilada narra que al
solicitar los servicios del arquitecto de la comunidad, le anunciaron
que demoraría dos semanas, pero tuvo que esperar cuatro meses.
"Para vender mi casa tenía que inscribirla en el registro de propiedad",
detalla la señora, por lo que necesitaba que un especialista determinara
que la distribución del inmueble coincidía "con lo que aparece en los
papeles". Después de obtener el dictamen del arquitecto, debió aguardar
45 días para que la oficina del registro le otorgara la copia legalizada
de su propiedad. Ahora, busca un nuevo comprador para su inmueble porque
el anterior estaba apurado y desestimó la oferta.
En la provincia Villa Clara, el 70% de los planteamientos que los
ciudadanos hicieron a lo largo del pasado año en las asambleas de
rendición de cuentas se refieren a dificultades para legalizar terrenos
y viviendas o acceder a subsidios, según refirieron los parlamentarios
reunidos en el Palacio de las Convenciones. Otro tanto ha ocurrido en
Las Tunas, Granma y Sancti Spíritus.
La impopularidad crece alrededor del Instituto de Planificación Física,
dirigido por el general Samuel Rodiles Planas. Muchos ven esta
institución más como un freno que como un acelerador ante las
iniciativas de la población para construir viviendas por esfuerzo propio.
En el afán de luchar contra las ilegalidades y las violaciones
urbanísticas, proliferaron en 2015 las demoliciones de viviendas o de
agregados que se realizaron durante décadas para ampliar el espacio
habitacional.
En el reparto Alamar, Vladimir Pacheco, quien vive en un apartamento de
dos cuartos en la planta baja de un edificio de cinco pisos, construyó
dos dormitorios anexos a su casa, en lo que él interpretó como un
terreno de nadie. "Llegué aquí con mi mujer y dos hijos varones en
1976", cuenta a este diario.
"En los ochenta me nació la niña y ya en el 2004 éramos nueve personas
contando a mis cuatro nietos", agrega. El hombre decidió extender su
casa hacia un terreno al fondo de su apartamento. En julio del año
pasado, inspectores del Instituto de Planificación Física, le anunciaron
que demolerían la construcción alternativa. "Mis dos hijos varones dicen
que si tumban los cuartos se tiran al mar", se preocupa el propietario
de la vivienda.
En una notaría en el habanero municipio Playa, un abogado que prefirió
no identificarse comentó a 14ymedio que hay que reconocer que ahora los
trámites se han hecho más complejos. "El día que en este país se puedan
construir todas las casas que la gente necesita vamos a tener que
cambiar todos los mecanismos que hoy existen", refiere y confiesa que
"de lo contrario habrá que importar notarios de otra parte".
El verdadero desafío de la política de viviendas va más allá de
ilegalidades y corruptelas, de violaciones urbanísticas o determinación
de linderos. El abogado sentencia: "El problema es mucho más complicado
que disminuir las colas o el tiempo de espera para obtener un documento
y al mismo tiempo es tan simple como colocar un ladrillo encima de otro".
Source: El rompecabezas de la vivienda en Cuba -
http://www.14ymedio.com/nacional/rompecabezas-vivienda-Cuba_0_1921007893.html
ORLANDO PALMA, La Habana | Enero 07, 2016
A un año de extinguirse el Instituto Nacional de la Vivienda, se
mantienen las irregularidades que llevaron a disolver al todopoderoso
organismo gubernamental. El exceso de trámites y su morosidad generan
molestias en una población que apenas nota beneficios en la
transferencia de funciones a otras entidades estatales.
El 5 de enero de 2015 entró en vigor el Decreto Ley 322 que ponía fin a
décadas de reinado del Instituto Nacional de la Vivienda. Desde
entonces, el Ministerio de la Construcción asumió la potestad de regir
la política de vivienda del país, mientras otras funciones recayeron en
el Instituto de Planificación Física (IPF), los tribunales y el
Ministerio de trabajo y Seguridad Social.
Durante los últimos doce meses se han recibido unas 200.000 quejas
relacionadas con trámites vinculados a la vivienda. Esta cifra supera
las insatisfacciones documentadas contra el organismo que anteriormente
atendía esas cuestiones, según se informó durante la última sesión de la
Asamblea Nacional, en diciembre pasado.
Diana Rosa Suárez, directora jurídica del IPF, comentó ante los medios
oficiales que existen retrasos en los trámites, fundamentalmente
aquellos vinculados a dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas,
aunque adjudicó las demoras a las carencias materiales y de personal,
especialmente calificado.
La funcionaria defendió su entidad, al detallar que el actual documento
que certifica "el habitable" –para viviendas recién construidas o
reparadas– incluye ahora más datos que con anterioridad. Entre ellos,
las medidas del inmueble y sus linderos, la tasación y hasta el número
que se coloca en la fachada de la casa.
Sin embargo, las argumentaciones de los representantes del IPF no
aplacan las críticas. Caridad Rodríguez, una residente del capitalino
municipio de Regla, considera que "las cosas pueden haber cambiado por
allá arriba, pero aquí abajo sigue como antes". La jubilada narra que al
solicitar los servicios del arquitecto de la comunidad, le anunciaron
que demoraría dos semanas, pero tuvo que esperar cuatro meses.
"Para vender mi casa tenía que inscribirla en el registro de propiedad",
detalla la señora, por lo que necesitaba que un especialista determinara
que la distribución del inmueble coincidía "con lo que aparece en los
papeles". Después de obtener el dictamen del arquitecto, debió aguardar
45 días para que la oficina del registro le otorgara la copia legalizada
de su propiedad. Ahora, busca un nuevo comprador para su inmueble porque
el anterior estaba apurado y desestimó la oferta.
En la provincia Villa Clara, el 70% de los planteamientos que los
ciudadanos hicieron a lo largo del pasado año en las asambleas de
rendición de cuentas se refieren a dificultades para legalizar terrenos
y viviendas o acceder a subsidios, según refirieron los parlamentarios
reunidos en el Palacio de las Convenciones. Otro tanto ha ocurrido en
Las Tunas, Granma y Sancti Spíritus.
La impopularidad crece alrededor del Instituto de Planificación Física,
dirigido por el general Samuel Rodiles Planas. Muchos ven esta
institución más como un freno que como un acelerador ante las
iniciativas de la población para construir viviendas por esfuerzo propio.
En el afán de luchar contra las ilegalidades y las violaciones
urbanísticas, proliferaron en 2015 las demoliciones de viviendas o de
agregados que se realizaron durante décadas para ampliar el espacio
habitacional.
En el reparto Alamar, Vladimir Pacheco, quien vive en un apartamento de
dos cuartos en la planta baja de un edificio de cinco pisos, construyó
dos dormitorios anexos a su casa, en lo que él interpretó como un
terreno de nadie. "Llegué aquí con mi mujer y dos hijos varones en
1976", cuenta a este diario.
"En los ochenta me nació la niña y ya en el 2004 éramos nueve personas
contando a mis cuatro nietos", agrega. El hombre decidió extender su
casa hacia un terreno al fondo de su apartamento. En julio del año
pasado, inspectores del Instituto de Planificación Física, le anunciaron
que demolerían la construcción alternativa. "Mis dos hijos varones dicen
que si tumban los cuartos se tiran al mar", se preocupa el propietario
de la vivienda.
En una notaría en el habanero municipio Playa, un abogado que prefirió
no identificarse comentó a 14ymedio que hay que reconocer que ahora los
trámites se han hecho más complejos. "El día que en este país se puedan
construir todas las casas que la gente necesita vamos a tener que
cambiar todos los mecanismos que hoy existen", refiere y confiesa que
"de lo contrario habrá que importar notarios de otra parte".
El verdadero desafío de la política de viviendas va más allá de
ilegalidades y corruptelas, de violaciones urbanísticas o determinación
de linderos. El abogado sentencia: "El problema es mucho más complicado
que disminuir las colas o el tiempo de espera para obtener un documento
y al mismo tiempo es tan simple como colocar un ladrillo encima de otro".
Source: El rompecabezas de la vivienda en Cuba -
http://www.14ymedio.com/nacional/rompecabezas-vivienda-Cuba_0_1921007893.html
Tuesday, January 5, 2016
Otro candidato al derrumbe
Otro candidato al derrumbe
Los inquilinos de un edificio en la céntrica calle 23 sienten su vida
amenazada
martes, enero 5, 2016 | León Padrón Azcuy
LA HABANA, Cuba.- "Nuestras esperanzas están desmoronadas. La situación
de la vivienda en Cuba seguirá siendo uno de los más graves problemas a
enfrentar en este 2016", dice Cecilio Betancourt, uno de los cinco
propietarios que viven en el edificio situado en calle 23, número 1051,
en el Vedado. Con más de un siglo de explotación, el inmueble se halla
en estado ruinoso y es candidato a desplomarse en cualquier momento.
No es un hecho insólito el gran número de inmuebles así, que se
derrumban cada vez que aparecen los aguaceros en la capital habanera.
Decenas cayeron en el recién pasado 2015, algunos trayendo consecuencias
fatales.
"En el año 1995 mi esposa Belkis Benítez Rivera tuvo que ser trasladada
urgentemente hacia el Hospital Manuel Fajardo, cuando un escache del
techo de nuestro apartamento se desplomó sobre su cabeza, produciéndole
una gran herida que posteriormente devino en una tumoración cerebral que
le quitó la vida, dejando huérfano a su único hijo, autista por demás",
expuso Cecilio Betancourt, que trabaja como extra en filmaciones para la
televisión y cine.
Tras aquel fatídico accidente, el temor se apoderó de todos los
inquilinos del edificio, vecinos de Cecilio, cuya insistencia en
demandar una y otra vez el apoyo de las autoridades a todos los niveles
ha sido infructuosa.
Apunta Betancourt que "la desesperación colmó a todos cuando la Unidad
de Atención a Comunidades (UMAC) perteneciente a la Dirección Municipal
de la Vivienda, respondió a una de las tantas quejas firmadas por todos
los inquilinos y dirigida a la Asamblea Provincial del Poder Popular. La
grosera respuesta firmada por Tamara Álvarez Delgado, la directora, y
Mirna Velázquez, técnica en atención social, dejaba claro que no habría
reparación para este inmueble, sino 'aplicación del artículo 7', que
prevé el traslado forzoso hacia un albergue".
Sin embrago, según los testimonios de otros inquilinos, la decisión
chocaba con la opinión de varios amigos con experiencia profesional en
el área de la construcción, entre los que se encuentra el arquitecto e
ingeniero civil Boris Abel Mérida. Concluyeron que la situación más
aguda del edificio está en la azotea y en el piso del segundo nivel,
debido a las filtraciones por el deterioro de las instalaciones
sanitarias; y que la reparación no es tan compleja: solo se necesitan
los recursos adecuados y no un desalojo.
Así las cosas, enviaron otra misiva fechada en el 2013 y dirigida al
Departamento de Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado y de
Ministros de la República de Cuba. "Los que redactamos y firmamos esta
carta, cuando lo hacemos a esa instancia es porque ya en la base nos
desgastamos por la indolencia de algunos dirigentes y la justificación
de otros antes los constantes planteamientos, para que se ejecute una
reparación en nuestro edificio", dice el documento, y concluye:
"Sabiendo que nuestro Estado Socialista no nos dejará olvidados nunca,
apelamos a la solidaridad de nuestro gobierno".
Al respecto Antonia Limonta, otra de las inquilinas del mencionado
edificio, maestra de profesión y madre, cuenta: "La respuesta a nuestras
peticiones no han pasado de una que otra bolsa de cemento para
impermeabilizar la azotea, el apuntalamiento limitado de algunas partes
de la edificación, (el complejo de comercio en la planta bajas, bodega,
carnicería y puesto de venta de viandas). En contraposición a esto,
hemos sido amenazados de ser albergados bajo tétricas condiciones en un
lugar distante de nuestro municipio. Lamentablemente mi sueldo no me
alcanza para pagar los altos precios de los materiales de la
construcción que necesito, así que no queda otra que confiar en Dios".
Otro entrevistado fue el profesor de Facultad Justo Pérez Blanco,
residente de este edificio por más de 40 años: "En agosto del 2012
recibimos una intempestiva visita de una comitiva gubernamental
integrada por el delegado del barrio, la Dirección municipal de
Inversiones de la Vivienda y la jefa del poder popular del municipio
Plaza en ese momento. Todos pensábamos que nuestros problemas finalmente
se resolverían, pero no fue así. El objetivo de los susodichos
funcionarios era convencernos de que teníamos que abandonar nuestras
casas y albergarnos como samaritanos en una nave sin condiciones de
ningún tipo, del municipio de Guanabacoa, a lo que nos negamos
rotundamente" asistió.
Para Marlon Ramírez Limonta, un joven de 21 años que vive con su madre
en el edificio de calle 23, "lo de esta gente del gobierno es un
descaro. Sabemos que la situación de este edificio es crítica, pero
también tenemos la certeza que es reparable, lo que jamás han tenido la
voluntad de hacerlo. Es más, en la escuela nos enseñan que en Cuba se
acabaron los desalojos desde el triunfo de la Revolución y a todos
nosotros nos querían desalojar de aquí", afirmó.
A la pregunta de si esperan alguna solución para el 2016, las cinco
familias que residen aquí coinciden: "Muy poco. Nuestra incertidumbre se
acrecienta cada día al ver disminuidas todas las esperanzas para remozar
lo que fuera una hermosa construcción".
En los últimos años, su inmueble sólo ha visto pasar una brigada del
Consejo de Gobierno de Plaza, que facturó el apuntalamiento de algunas
zonas con vigas de hierro, prometiendo venir después para encargarse de
iniciar la reparación de los techos, de las instalaciones sanitarias,
los repellos de las paredes, el levantamiento del piso de la azotea para
eliminar las filtraciones y otras necesidades. Todo esto, luego de la
negativa de los propietarios para abandonar el inmueble, bajo la amenaza
de desalojo por parte de la Dirección municipal de la Vivienda.
Source: Otro candidato al derrumbe | Cubanet -
https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/otro-candidato-al-derrumbe/
Los inquilinos de un edificio en la céntrica calle 23 sienten su vida
amenazada
martes, enero 5, 2016 | León Padrón Azcuy
LA HABANA, Cuba.- "Nuestras esperanzas están desmoronadas. La situación
de la vivienda en Cuba seguirá siendo uno de los más graves problemas a
enfrentar en este 2016", dice Cecilio Betancourt, uno de los cinco
propietarios que viven en el edificio situado en calle 23, número 1051,
en el Vedado. Con más de un siglo de explotación, el inmueble se halla
en estado ruinoso y es candidato a desplomarse en cualquier momento.
No es un hecho insólito el gran número de inmuebles así, que se
derrumban cada vez que aparecen los aguaceros en la capital habanera.
Decenas cayeron en el recién pasado 2015, algunos trayendo consecuencias
fatales.
"En el año 1995 mi esposa Belkis Benítez Rivera tuvo que ser trasladada
urgentemente hacia el Hospital Manuel Fajardo, cuando un escache del
techo de nuestro apartamento se desplomó sobre su cabeza, produciéndole
una gran herida que posteriormente devino en una tumoración cerebral que
le quitó la vida, dejando huérfano a su único hijo, autista por demás",
expuso Cecilio Betancourt, que trabaja como extra en filmaciones para la
televisión y cine.
Tras aquel fatídico accidente, el temor se apoderó de todos los
inquilinos del edificio, vecinos de Cecilio, cuya insistencia en
demandar una y otra vez el apoyo de las autoridades a todos los niveles
ha sido infructuosa.
Apunta Betancourt que "la desesperación colmó a todos cuando la Unidad
de Atención a Comunidades (UMAC) perteneciente a la Dirección Municipal
de la Vivienda, respondió a una de las tantas quejas firmadas por todos
los inquilinos y dirigida a la Asamblea Provincial del Poder Popular. La
grosera respuesta firmada por Tamara Álvarez Delgado, la directora, y
Mirna Velázquez, técnica en atención social, dejaba claro que no habría
reparación para este inmueble, sino 'aplicación del artículo 7', que
prevé el traslado forzoso hacia un albergue".
Sin embrago, según los testimonios de otros inquilinos, la decisión
chocaba con la opinión de varios amigos con experiencia profesional en
el área de la construcción, entre los que se encuentra el arquitecto e
ingeniero civil Boris Abel Mérida. Concluyeron que la situación más
aguda del edificio está en la azotea y en el piso del segundo nivel,
debido a las filtraciones por el deterioro de las instalaciones
sanitarias; y que la reparación no es tan compleja: solo se necesitan
los recursos adecuados y no un desalojo.
Así las cosas, enviaron otra misiva fechada en el 2013 y dirigida al
Departamento de Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado y de
Ministros de la República de Cuba. "Los que redactamos y firmamos esta
carta, cuando lo hacemos a esa instancia es porque ya en la base nos
desgastamos por la indolencia de algunos dirigentes y la justificación
de otros antes los constantes planteamientos, para que se ejecute una
reparación en nuestro edificio", dice el documento, y concluye:
"Sabiendo que nuestro Estado Socialista no nos dejará olvidados nunca,
apelamos a la solidaridad de nuestro gobierno".
Al respecto Antonia Limonta, otra de las inquilinas del mencionado
edificio, maestra de profesión y madre, cuenta: "La respuesta a nuestras
peticiones no han pasado de una que otra bolsa de cemento para
impermeabilizar la azotea, el apuntalamiento limitado de algunas partes
de la edificación, (el complejo de comercio en la planta bajas, bodega,
carnicería y puesto de venta de viandas). En contraposición a esto,
hemos sido amenazados de ser albergados bajo tétricas condiciones en un
lugar distante de nuestro municipio. Lamentablemente mi sueldo no me
alcanza para pagar los altos precios de los materiales de la
construcción que necesito, así que no queda otra que confiar en Dios".
Otro entrevistado fue el profesor de Facultad Justo Pérez Blanco,
residente de este edificio por más de 40 años: "En agosto del 2012
recibimos una intempestiva visita de una comitiva gubernamental
integrada por el delegado del barrio, la Dirección municipal de
Inversiones de la Vivienda y la jefa del poder popular del municipio
Plaza en ese momento. Todos pensábamos que nuestros problemas finalmente
se resolverían, pero no fue así. El objetivo de los susodichos
funcionarios era convencernos de que teníamos que abandonar nuestras
casas y albergarnos como samaritanos en una nave sin condiciones de
ningún tipo, del municipio de Guanabacoa, a lo que nos negamos
rotundamente" asistió.
Para Marlon Ramírez Limonta, un joven de 21 años que vive con su madre
en el edificio de calle 23, "lo de esta gente del gobierno es un
descaro. Sabemos que la situación de este edificio es crítica, pero
también tenemos la certeza que es reparable, lo que jamás han tenido la
voluntad de hacerlo. Es más, en la escuela nos enseñan que en Cuba se
acabaron los desalojos desde el triunfo de la Revolución y a todos
nosotros nos querían desalojar de aquí", afirmó.
A la pregunta de si esperan alguna solución para el 2016, las cinco
familias que residen aquí coinciden: "Muy poco. Nuestra incertidumbre se
acrecienta cada día al ver disminuidas todas las esperanzas para remozar
lo que fuera una hermosa construcción".
En los últimos años, su inmueble sólo ha visto pasar una brigada del
Consejo de Gobierno de Plaza, que facturó el apuntalamiento de algunas
zonas con vigas de hierro, prometiendo venir después para encargarse de
iniciar la reparación de los techos, de las instalaciones sanitarias,
los repellos de las paredes, el levantamiento del piso de la azotea para
eliminar las filtraciones y otras necesidades. Todo esto, luego de la
negativa de los propietarios para abandonar el inmueble, bajo la amenaza
de desalojo por parte de la Dirección municipal de la Vivienda.
Source: Otro candidato al derrumbe | Cubanet -
https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/otro-candidato-al-derrumbe/
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