Desalojo a la vista
Friday, July 1, 2011 | Por Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, julio (www.cubanet.org) – Dependencias del Instituto
Nacional de la Vivienda en las Tunas dieron el pasado 21 de junio un
ultimátum para que abandonara su hogar, a la hija y nietos del fallecido
Gustavo Valeriano Sánchez Urquiza, un combatiente que participó en las
luchas de guerrilla que libro el Ejército Rebelde en el oriente del país.
La Dirección Provincial de la Vivienda de Las Tunas, recibió de la
Fiscalía y del Órgano de Investigación Criminal y de Operaciones del
Ministerio del Interior, instrucciones de confiscar el inmueble,
propiedad de Deysi Graciela Sánchez Rivero, arrendado por su hija,
ilegalmente, a un extranjero.
Según la resolución que decretó la pérdida del derecho de propiedad, y
ocupantes ilegales a sus moradores, "el inmueble se arrendó por horas,
de forma ilegal, un cuarto y un baño, al ciudadano extranjero Andrea
Ghiotto para que éste a su vez sostuviera relaciones sexuales con mujeres".
Según la Sentencia No. 92 de este año del Tribunal de las Tunas, el
italiano Andrea Ghiotto formó un equipo de futbol en la provincia, con
la anuencia de las autoridades del deporte en el país entre los años
2006 y 2007. Incluso propició la celebración de juegos internacionales y
e hizo considerables donaciones de avituallamiento.
Andrea, que es famoso en toda la provincia y tiene mucho dinero, es
considerado el rey del fraude fiscal en Italia. Acusado de corrupción
en su país, se ganó su libertad con una confesión que implicó a
oficiales públicos y 180 empresarios.
En marzo de 2010 realizó su último viaje al territorio tunero, cuando
fue detenido y expulsado de la isla, tras reconocer haber sostenido
relaciones sexuales con más de 30 jovencitas en viviendas particulares.
Generalmente, las autoridades cubanas procesan a los ciudadanos que
arriendan habitaciones a extranjeros sin autorización, por el delito de
proxenetismo y trata de persona, y en un proceso administrativo
independiente, disponen la confiscación del inmueble, en virtud del
Decreto-Ley 232/03 del Consejo de Estado.
Según la disposición legal, "la confiscación podrá disponerse contra los
propietarios incluyendo aquellos que alberguen en la vivienda a un
tercero que comete el delito, "siempre que la ocasión o las
circunstancias evidencien o hagan suponer racionalmente que tiene
conocimiento o relación con los hechos".
"¿Por qué debo responder por actos ajenos? -preguntó Sánchez Rivero-.
Los hechos imputados a mi hija y que supuestamente se realizaron en mi
casa, eran totalmente desconocidos por mí" -afirmó.
Desde hace más de cuatro años vive con su señora madre, Teresa Esther
Rivero Vargas, una anciana de 89 años, diabética, con cáncer de mama y
fractura de cadera, quien también colaboró con la guerrilla rebelde.
Según las autoridades, la propietaria conocía el asunto porque había
solicitado autorización para arrendar y le fue denegada al estar la
vivienda a 75 metros de una escuela. El hecho, en vez de ser apreciado
como un intento de cumplir la legalidad, resultó ser una agravante en el
caso.
Deysi Graciela, hija del combatiente Sánchez Urquiza, recurrió la
Resolución de la Dirección Provincial de la Vivienda de las Tunas, ante
el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, que reafirmó la
confiscación.
Como última opción y ante la imposibilidad de pedir justicia ante los
tribunales, solicitó los oficios del Presidente del Gobierno Provincial;
pero éste reconoció no tener poder para resolver su caso.
"Es una pesadilla" -dijo entre lágrimas Deysi Graciela, que aun sigue
apelando a las autoridades para defender su derecho de propiedad. "Esto
no puede ser por lo que mi padre luchó y estuvo dispuesto a dar su vida.
Gracias a Dios no está con nosotros, si estuviera vivo moriría de
decepción".
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