Los funcionarios comunistas y… ¿la crisis habitacional?

Los funcionarios comunistas y… ¿la crisis habitacional?
Viernes, Septiembre 21, 2012 | Por Augusto Cesar San Martin

LA HABANA, Cuba, septiembre, www.cubanet.org -El gobierno cubano acaba
de apoyar en Ginebra el derecho de las personas a una vivienda adecuada,
y al parecer en un raro acto de coherencia con lo que dice, reparte
lujosos apartamentos y construye nuevos edificios… pero solo para
militares y altos funcionarios comunistas. Mientras, las destartaladas
viviendas de La Habana marginal, se derrumban sobre los cubanos de a
pie, aplastándolos a veces.

En la capital, donde en el transcurso de este año se han derrumbado
varios edificios causando víctimas mortales y continúan siendo evacuados
edificios completos a punto de colapsar sobre sus infelices moradores,
la entrega de casas a los dirigentes y militares no se detiene. Estos
inmuebles son parte de la piñata que organiza el gobierno, quizás como
estrategia para mantener fidelidades en estos peligrosos momentos de
crisis. Con el tiempo y la ayuda del cargo que ocupan, los astutos
jerarcas pasan del usufructo a obtener la propiedad de la vivienda, en
ocasiones sin hacer dejación de la anterior.

Uno de los ejemplos actuales de esta práctica es el establecimiento de
funcionarios gubernamentales en uno de los inmuebles construidos por la
empresa Habaguanex, perteneciente a la Oficina del Historiador de la
Ciudad, bajo el mando del poderoso Eusebio Leal. Ubicado frente al
Malecón habanero, el lujoso condominio de tres plantas, con veinticuatro
apartamentos, tiendas y otros servicios, se concibió para la renta a
extranjeros. Sin embargo, según los trabajadores de la inmobiliaria el
edificio está siendo ocupado por dirigentes del Consejo de Estado y la
Fiscalía General, trasladados desde otras provincias del país.

Otro ejemplo reciente es el edificio concluido en el pasado mes de julio
en la avenida Vento y calle L, en el municipio Boyeros. La edificación
de cuatro plantas pertenece al Ministerio del Interior, según los
vecinos del lugar. La construcción no se parece en nada a los pocos y
horrorosos edificios de microbrigadas que se construyeron en décadas
anteriores para los trabajadores. Muestra un lindo diseño arquitectónico
y una calidad en el terminado que revelan lo que pudiera hacer el
gobierno para la legión de cubanos sin techo que residen en albergues
improvisados, algunos desde hace décadas.

La meca de estas construcciones parecen ser los edificios que la
población ha dado en llamar los "Meliá MININT", en alusión a los lujosos
hoteles de la cadena española. Construidos en zonas selectas de los
municipios Playa y Lisa, dan la idea clara del poder del gobierno y de
la creciente diferencia de clases.
Edificio para oficiales del MININT terminado en julio en Boyeros - Foto
de Augusto Cesar San Martin

Lujosos apartamentos, cuyo lujo aumenta con la jerarquía militar del
afortunado inquilino. Construcciones modernas, para mayor ironía
levantadas en muchas ocasiones con la mano de obra de los presos, algo
que ciertamente no escasea en la isla, gracias en gran medida a la labor
del MININT.

Cuentan los que por allí viven que los jerarcas militares que habitan en
La Coronela ya comenzaron a ejercer en el barrio la influencia de sus
cargos. La Giraldilla, un complejo gastronómico ubicado allí, que
comprende restaurante, piscina y discoteca, tuvo que modificar sus
horarios ante la protesta de los poderosos nuevos vecinos, a quienes
molestaba la música del centro.

¿Quién ha dicho que hay un enorme déficit habitacional en el país y
montones de cubanos sin hogar? Que les pregunten a los jerarcas del MININT.

Mientras, para entretener a la población, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social fue investido con la absoluta -y lucrativa- potestad de
entregar viviendas. Atrás quedaron los días de gloria de la
archicorrupta Dirección de Vivienda. La demagógica medida debe ser vista
por el pueblo como un paso de avance.

Pero el nuevo Ministerio repartidor de casas –que si aun no es corrupto,
pronto lo será-, solo cumple aplicando los lineamientos del Partido
Comunista sobre la construcción de viviendas "por esfuerzo propio". O
sea, entrega a los sin techo pedazos de antiguas bodegas de barrio o
almacenes abandonados para que ellos mismos levanten un cuarto, casas
destartaladas para dividirlas entre cuatro familias, o terrenos baldíos
luego de un derrumbe. En fin, nada de apartamentos nuevos, el "combativo
pueblo" debe hacerlo todo "con esfuerzo propio", como dictan los
"lineamientos".

Los cubanos sin hogar deberán seguir esperando años, quizás la vida
entera, para salir de los albergues a donde fueron a parar cuando sus
viviendas fueron declaradas inhabitable, o se les derrumbó encima
después de años de desidia y prohibiciones del mismo Estado que las
expropió a los legítimos propietarios.

La otra opción para solucionar sus problemas habitacionales podría ser
convertirse en altos funcionarios comunistas o montarse en una balsa.

acesar2004@gmail.com

http://www.cubanet.org/articulos/los-funcionarios-comunistas-y%e2%80%a6-%c2%bfla-crisis-habitacional/

Imposibilitan reconstrucción en zonas de playa

Imposibilitan reconstrucción en zonas de playa
Félix Reyes Gutiérrez
20 de septiembre de 2012

Ranchuelo, Cuba – www.PayoLibre.com – Las autoridades del poblado Freire
en Holguín imposibilitan la reconstrucción de las casas que fueron
afectadas por la tormenta tropical Isaac, desde su paso por la región
oriental del país en agosto pasado.

Funcionarios del gobierno no autorizan a los afectados por el fenómeno
meteorológico en playa Morales reparar sus casas porque tienen previsto
acoger el lugar para fines turísticos. Allí se encuentran unas 100
viviendas construidas en la década de 1940.

Las autoridades propusieron a los perjudicados por el ciclón la
construcción de casas en una zona rural a cinco kilómetros de la playa
pero están en descuerdo.

El gobierno también tiene pronosticado desalojar a los habitantes que
residen en playa Blanca, en inmuebles que datan del año 1945, con igual
finalidad. En estos momentos se produce la tala de pinos y otros árboles
de la zona.

http://payolibre.com/noticias/noticias2.php?id=9301

Tiene que vivir entre ruinas

Tiene que vivir entre ruinas
[20-09-2012]
Osmany Borroto Rodríguez
Agencia Yayabo Press

(www.miscelaneasdecuba.net).- Amalio Rendón Izquierdo, anciano de 96
años de edad, denunció el pasado martes en la localidad espirituana de
Jatibonico la omisión de las autoridades, que se han negado a prestarle
ayuda en la reparación de su vivienda.

"Resido en la comunidad Vigía de Valle Azul", expresó la fuente, que
continuó: "En 2005 mi casa sufrió un derrumbe parcial que afectó el 70
por ciento del inmueble. A partir de entonces mi esposa y yo hemos
tenido que vivir en medio de las ruinas".

Amalio precisó: "Mi mujer es una anciana de mucha edad, como yo, y
además, desde 1997 tiene una pierna amputada", y prosiguió de inmediato:
"Como pensionados que somos, no tenemos dinero para pagar el arreglo de
la casita".

Y concluyó el señor Rendón Izquierdo: "He ido cinco veces al Partido
Provincial; y tres al Comité Central. Visité las oficinas de la Asamblea
Nacional, y he perdido de la cuenta de las ocasiones en que he estado en
las oficinas municipales. Pero todo ha sido en vano".

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=37153

Cuba: ranchitos, desalojos, demoliciones... y nuevas mansiones

Cuba: ranchitos, desalojos, demoliciones... y nuevas mansiones

Proporcionar una vivienda digna a los cubanos, es un deber del Estado.
Pero en la práctica éste se ocupa más de desalojar y demoler que del deber.
Rolando Cartaya/ martinoticias.com
septiembre 15, 2012

En Ginebra, Suiza, el pasado 12 de septiembre, el delegado de Cuba ante
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó la aprobación de su
país al Proyecto Final de los Principios Rectores sobre la Extrema
Pobreza y los Derechos Humanos, presentado a la Asamblea General en
julio por la Relatora Especial del organismo para el tema, Magdalena
Sepúlveda.

Estos principios se basan en la indivisibilidad de los derechos humanos
y en la participación de los más pobres y excluidos en las decisiones
que afectan sus vidas.

Una transcripción de la intervención del representante de Cuba, Frank
Díaz, publicada en la web del MINREX, da fe de que éste le dio la
bienvenida al documento, y lo calificó de "herramienta útil para el
desarrollo de acciones futuras (…) necesarias para erradicar la pobreza
extrema en todo el mundo".

Pero cuando abordó durante su turno en el hemiciclo del Palacio de las
Naciones la crítica situación que enfrenta el planeta con el agua
potable, Díaz sólo se estaba refiriendo a uno de los derechos
específicos recogidos en el mencionado Proyecto , cuyo disfrute por
quienes viven en la pobreza es –-según el texto— "particularmente
limitado, o está especialmente menoscabado, y respecto de los cuales los
Estados tienen con frecuencia políticas inadecuadas o contraproducentes".

El documento abarca tanto los derechos civiles y políticos como los
económicos, sociales y culturales, referidos al marco específico de la
pobreza extrema. Una somera lectura de esta nueva plataforma de Naciones
Unidas indica que podríamos estar en presencia de otro de esos pactos de
la ONU que La Habana firma, sin esperar cumplirlos.

LO QUE FIRMAN Y LO QUE HACEN

Tomemos como botón de muestra el título "Derecho a una vivienda
adecuada, seguridad de la tenencia y prohibición del desalojo forzoso".

La parte preambular toma nota de que las personas que viven en la
pobreza tienen con frecuencia viviendas insalubres; por ejemplo, en
barrios marginales y asentamientos irregulares, con acceso limitado o
nulo a servicios básicos. Agrega que el hacinamiento, la inseguridad y
la exposición desproporcionada a desastres naturales o peligros
ambientales amenazan la vida o la salud de estas personas, y que muchas
carecen de seguridad en la tenencia, y viven en el constante temor de un
desalojo o una expropiación, sin medios para defender sus derechos en
los tribunales.

Luego, pasa a enumerar los deberes de los Estados.

El primero de ellos es otorgar prioridad a la erradicación de la
carencia de vivienda mediante una estrategia nacional.

El segundo, es aprobar leyes que protejan a todos los individuos, grupos
y comunidades, incluidos los que viven en la pobreza, contra el desalojo
forzoso por agentes estatales y no estatales.

Los principios presentados por la relatora Sepúlveda también establecen
como obligaciones del Estado:

- Conceder prioridad en la asignación de las viviendas y tierras a las
personas y comunidades que viven en la pobreza.

- Adoptar medidas inmediatas para conferir seguridad legal a la
tenencia de las personas y familias que viven en la pobreza y que
carecen de esta protección.

- Asegurar un gasto público adecuado en viviendas asequibles y promover
políticas y programas que prioricen el acceso de las personas que viven
en la pobreza a esas viviendas. Tales políticas pueden incluir programas
de financiación de la vivienda, mejora de los barrios marginales,
titularización y regularización de los asentamientos irregulares y/o
subsidios del Estado para el alquiler, o compra, de una vivienda.

- Otorgar prioridad a la mejora de la infraestructura y los servicios en
las zonas habitadas por personas que viven en la pobreza, incluyendo
caminos transitables todo el año, agua potable, evacuación de desechos y
aguas negras e instalaciones de saneamiento, servicios de atención a la
salud, educación, y electricidad.

- Elaborar y aplicar políticas y programas de reducción del riesgo de
desastres relacionados con la vivienda, lo cual incluye priorizar la
reconstrucción de las viviendas y proveer otras posibilidades de
alojamiento digno a los grupos más desfavorecidos.

Como decíamos, el gobierno cubano acaba de apoyar estos principios en
Ginebra, pero ¿cómo se aplican en la isla?

DESALOJOS BRUTALES

El Centro de Información Hablemos Press, entidad independiente que
elabora un informe mensual sobre violaciones de derechos humanos,
preparó en junio un boletín especial sobre el incremento en 2012 de los
desalojos brutales contra familias que construyen viviendas rústicas en
terrenos baldíos o que, desesperadas por un techo, se cobijan en algún
inmueble abandonado o sellado por las autoridades.

De enero a junio la entidad contabilizó 322 operativos de desalojo que
afectaron a unas 800 familias. Muchas de ellas incluían a niños,
ancianos y personas enfermas.

Hablemos Press ha reportado este tipo de operativos en la mayor parte de
las provincias de la isla. Su modus operandi podría considerarse entre
los tratos crueles, inhumanos o degradantes que los instrumentos
internacionales de derechos humanos condenan.

Suelen acudir policías, inspectores de la vivienda y otras autoridades
locales, con tractores, vehículos patrulleros, carros de bomberos, una
ambulancia y un camión.

Las puertas, si las hay, son derribadas; las personas, expulsadas a la
fuerza; las propiedades, extraídas y montadas en el camión; los niños,
arrebatados a los padres y evacuados en la ambulancia; las viviendas,
demolidas; y los "agentes estatales" suelen actuar con violencia contra
los inquilinos que se resisten a perder su único amparo, como muestran
los siguientes testimonios grabados por Hablemos Press.

Que estas personas ocupen ilegalmente un inmueble deshabitado, o
levanten una choza o rancho sin permiso, se debe muchas veces al
desprecio o la indiferencia que han enfrentado al plantear sus críticos
casos a las autoridades.

¿UN TECHO? ESE ES SU "MALETÍN"

La situación de la vivienda en la isla no es mucho mejor para los
cubanos que al menos tienen un domicilio legal.

En un reciente reportaje titulado "En una Encrucijada: Construir por
Esfuerzo Propio la Vivienda, o la Libertad", la directora de la Agencia
de Prensa Libre Oriental, APLO, Yusmila Reina, afirma que cualquier
mirada superficial percibe el deterioro inmenso y deprimente de las
edificaciones en Cuba, una muestra de la inefectividad de las políticas
aplicadas por el gobierno, o de la ausencia de éstas.

La autora reconoce que en los Lineamientos del Partido Comunista se
proponen seis directrices para el problema de la vivienda, pero las
considera inviables a menos que se amplíen las libertades económicas,
sociales y políticas de los cubanos para poder auto-sostener y crear su
propia base habitacional; y que se inyecten capital y tecnología para la
producción de materiales y la construcción de viviendas.

Según datos oficiales, el 43 % de las viviendas en Santiago de Cuba,la
provincia donde reside Reina,están en un estado entre regular y malo.
Pero ella asegura que la situación real es crítica; que barrios como el
Distrito José Martí, con 420 edificios, cuarterías o interiores;
asentamientos marginales en la periferia de ese mismo Distrito y los
repartos Abel Santamaría, El Polvorín, Los Guaos, Alturas de Quinteros,
Alturas de Chicharrones, VAN-VAN, Venceremos y muchos más, se
encuentran en pésimo estado.

Agrega que un pase de revista por domicilios santiagueros revela que al
que no le falta por construir el baño, le falta la taza o el lavamanos,
o no han podido hacer la fosa; o no tienen instalación de agua; les
falta terminar un cuarto u otra pieza; no tienen piso; tienen rotas las
ventanas; o les falta el techo o, en el mejor de los casos, la pintura.
En el peor, se trata de un espacio mínimo, una especie de caseta para
guardar materiales de construcción.

Un pase de revista revela el pésimo estado de la vivienda en Santiago
​​A este problema de la vivienda en la provincia se une el de las
carencias de servicios e infraestructuras: ausencia o deficiencias de
los desagües, falta de acceso a instalaciones adecuadas de agua potable…
Y están por otro lado los problemas sociales derivados del habitacional:
hacinamiento y carencia de privacidad, violencia familiar, prostitución,
criminalidad, pobreza y marginalidad.

En años recientes el gobierno de Raúl Castro, empeñado en arrojar lastre
para que no se hunda la nave del Estado, dejó de considerar la
construcción de viviendas una obra social para transferir esa
responsabilidad a los ciudadanos: ellos tendrían que mejorar con
esfuerzo propio sus condiciones de alojamiento.

La periodista independiente apunta que un sondeo de opiniones en los
poblados santiagueros de Songo-La Maya, Dos Caminos, Palma y
Contramaestre evidenció que construir o mejorar sus viviendas es una de
las preocupaciones primarias de la población. Pero muchos se sienten
engañados por el aplazamiento de la solución constructiva y el cambio de
la política de viviendas, sin contar con ellos, de obra social a
esfuerzo propio. Se sienten impotentes, pues con sus bajos ingresos no
pueden levantar sus casas debido al alto precio de los materiales y la
mano de obra.

La directora de la APLO subraya que la población santiaguera se
encuentra en franca indefensión ante su pobreza habitacional, ya que ha
agotado sus intentos a través de quejas y peticiones a todos los
niveles, para que el gobierno les ayude. La única respuesta es que deben
asumir sus problemas sin esperar soluciones estatales.

"¿Resulta ahora que este gobierno lucha por la independencia y
creatividad de su pueblo o es que lo está abandonando a su suerte?
¿Dónde queda la aseveración constitucional cubana de que el Estado
trabaja para que cada familia tenga una vivienda confortable?", se
pregunta la autora.

Bueno, no hay que exagerar: el gobierno sí trabaja para que algunas
familias cubanas tengan una vivienda confortable.

CONSTRUYA SIN MISERIA, CORONEL, QUE EL MININT PAGA

En el sitio de Hablemos Press, el veterano periodista independiente
Jaime Leygonier escribe que el Estado cubano no tiene materiales para
construirles casas decorosas a los trabajadores o reparar el 80% de
edificios deteriorados que acaban derrumbándose y aplastando a sus
moradores; pero sí aparecen para lujosas ampliaciones de las casas de
altos oficiales militares y dirigentes.

Los beneficiados –dice el autor-- no roban un centavo; sencillamente
tienen el privilegio de construirse una mansión a expensas del pueblo, y
todo aparece autorizado y pagado por el Ministerio del Interior, que
aporta los materiales, los equipos y la mano de obra..

La cobertura legal –explica Leygonier-- la brinda un proyecto de entrega
y reparación de casas inhabitables, por ruinosas, a oficiales del
MININT, pretexto para construirse residencias que le costarían a un
particular entre 100.000 dólares y medio millón. Algo que no aparece en
las facturas del MININT son los costos

El autor incluye una foto (ilustración) de las obras para ampliar a dos
plantas una casa de inicios del siglo XX en Santa Emilia, casi esquina a
San Benigno, frente al parque de Santos Suárez. El inmueble estaba
semiderruido. Los vecinos dicen que esa obra se construye para la hija y
el yerno de un coronel del MININT.

El colaborador de Hablemos Press apunta que en un día fundieron el techo
de placa de la segunda planta con una hormigonera que bombeaba la
mezcla, dos mezcladoras de concreto, un camión pipa y numerosos obreros
y operarios de esos equipos. Para trabajar, cerraron el tráfico en esa
cuadra, donde hay una parada de ómnibus.
Algo parecido ocurrió hace unos años a dos cuadras de allí, en San
Indalecio y San Bernardino, cuando se construyó una para el entonces
coronel y fiscal militar González Peña.

Precisa el periodista que como norma, en esas construcciones trabajan
reclusos, en una franca explotación de su trabajo como esclavos, pero
también es legal.

La piñata no es exclusiva de los miembros del MININT. También está
ocurriendo --dice el autor-- en la casa de los padres del vicepresidente
y zar de las reformas Marino Murillo –un ex coronel de las FAR-- donde
se reporta la entrega de rastras cargadas de costosas losas y materiales
para remozar el inmueble del reparto D'Beche, en Guanabacoa. Se ignora
qué organismo del Estado paga la cuenta.

Termina reiterando Jaime Leygonier que estos militares y dirigentes no
roban un centavo, pues lo suyo no es oficialmente corrupción, sino
derecho de elegidos, el privilegio de construir a expensas del Estado,
en una ciudad –y un país-- que se derrumba sobre sus habitantes.

http://www.martinoticias.com/content/article/14817.html