En Cuba nadie es propietario de su vivienda, todas pertenecen al Estado.
El título de propiedad acreditado oficialmente es una farsa.
Absolutamente nadie puede disponer del domicilio, del cual supuestamente
es dueño, sin autorización del Estado. Según los funcionarios del
Instituto de la Vivienda, la venta de inmuebles no está prohibida, pero
tiene que ser aprobada por ese organismo, que es además quien fija el
precio, no el supuesto dueño.
En Cuba los supuestos dueños de viviendas sólo pueden permutarlas por
otras. Los trámites se caracterizan por un enmarañado burocratismo y el
canje también debe ser autorizado por el omnipresente Instituto de la
Vivienda. Si el director de Vivienda del municipio no autoriza la
permuta, no hay negocio, aunque generalmente Don Dinero siempre dice la
última palabra.
La defenestración de directores provinciales y municipales de Vivienda
por hechos de corrupción es algo bastante común, aunque los medios no
informan sobre ello. El Instituto cuenta con varios cuerpos de
inspectores tan corruptos como sus superiores que, al igual que ellos,
cuando ven plata entran en cualquier arreglo.
Como resultado de la grave crisis habitacional acumulada durante medio
siglo de abandono y desastre económico, han aparecido asentamientos
habitacionales ilegales, por lo general, en las afueras de las ciudades,
en áreas donde el marabú es dueño y señor. También en solares yermos en
las propias ciudades, familias desesperadas por el hacinamiento o la
falta de un techo, han construido sus humildes hogares. Pero, iniciar o
terminar una vivienda sin título de propiedad del terreno o azotea,
equivale a multas que van desde 500 a 9 mil pesos, y el decomiso o
demolición del inmueble construido.
Alrededor del 20 por ciento de las viviendas de la ciudad de Santa Clara
son consideradas ilegales. Según datos oficiales, en estos inmuebles
habitan personas de distintas edades, orígenes sociales y profesiones.
Muchas de estas casas, aunque rústicas, están catalogadas como habitables.
Bastantes de ellas no son tan ilegales porque cuentan con servicio de
electricidad, agua potable, alcantarillado, y muchas de las familias que
las habitan tienen sus libretas de racionamiento registradas en las
mismas. Se supone que para tener acceso a estos servicios hay que tener
un título de propiedad, pero los funcionarios del Registro de
Direcciones, dependencia del Ministerio del Interior, también son
corruptos y, por dinero "cuadran la caja".
En varios de estos asentamientos ilegales de Santa Clara, como los de
Matadero de Aves, Gran Panel, Carretera Maleza y Brisas del Oeste las
autoridades han realizado desalojos y demoliciones de viviendas. Muchos
activistas de derechos humanos de Santa Clara han sido golpeados por la
policía y detenidos en varias ocasiones por defender a los desalojados.
Entre las muchas promesas rotas, después de 50 años, el gobierno de la
familia Castro tampoco ha cumplido la que cada ciudadano tendría una
vivienda propia y digna. La situación de la vivienda nunca fue peor que
hoy para los cubanos.
Yoel Espinoza para Cubanet, febrero 14
http://www.gacetadecuba.com/2011/02/14/en-cuba-todas-las-viviendas-son-del-estado/
