Los cubanos no creen que la nueva ley de la vivienda elimine la
compraventa ilegal
Agencias
La Habana 11-07-2011 - 11:47 am.
Los problemas de la vivienda han sido durante décadas una "odisea"
social, económica y burocrática para los cubanos, que a partir de este
año y, por primera vez en más de medio siglo, podrán comprar y vender
casas de modo legal.
Antes de que finalice 2011, el Gobierno prevé implantar una ley que
levantará la prohibición de la compraventa de viviendas entre
particulares y flexibilizará los otros modos de transmisión de la
propiedad que existen en Cuba, donde el Estado controla todo el sector.
Pero el largo historial de trámites, dificultades, esfuerzos y hasta
trampas para conseguir casa en un país que, además, tiene un grave
déficit de viviendas, hace que los cubanos afronten el anuncio con una
buena dosis de escepticismo, reporta EFE.
Hasta ahora, la legislación y las prohibiciones limitaron las opciones
para acceder a una vivienda: básicamente solo se podía conseguir
mediante permiso estatal de construcción, permutas, herencias o compra
ilegal.
En La Habana, donde vive casi el 20 por ciento de la población de la
Isla, el perfil de la ciudad ha sido modificado a lo largo de años con
"ampliaciones" en jardines, azoteas, garajes y patios; "barbacoas" o
divisiones de la altura interior de un inmueble para aprovechar espacio,
o la apertura de ventanas para ventilar espacios que originalmente no
fueron diseñados para vivir.
Por la escasez de viviendas no es raro que cuatro generaciones convivan
en un mismo hogar, que ex cónyuges "dividan" y compartan sus
apartamentos, o que algunos busquen cuidar a ancianos sin herederos para
aspirar a la propiedad.
La necesidad de "resolver" (uno de los verbos más usados en la Isla)
para sortear las prohibiciones creó un mercado negro con construcciones
clandestinas, falsificación de documentos, funcionarios corruptos y estafas.
Abel, de 47 años, dijo a EFE que en los noventa "resolvió" su problema
de vivienda al comprar una casa en el barrio habanero de Santos Suárez
por 16.000 dólares, una acción "enmascarada" dentro de una "permuta
múltiple" (el intercambio de varias casas en una misma operación).
En esa década de grave crisis, tras la caída del bloque soviético, la
compraventa ilegal proliferó en Cuba con la participación de
intermediarios ("permuteros", notarios, abogados) y, aunque el Estado la
persigue y ha confiscado inmuebles tras operaciones ilícitas, la
práctica se mantiene.
Abel, quien prefirió ocultar su identidad real, indicó que actualmente
hace gestiones para comprar en La Habana una casa para sus familiares
residentes en Miami, una vez que entre en vigor la nueva ley.
Sin embargo, ya se ha anunciado que esa normativa sólo beneficiará a
cubanos y extranjeros residentes permanentes y que cada ciudadano sólo
podrá tener una propiedad.
"Hay cubanos en el extranjero que están pendientes de la ley para
asegurar casa en Cuba. No importa que esté prohibido, ya se buscarán la
forma de hacer las cosas", dijo a EFE Mayté, una abogada que no confía
en que la legalización de la compraventa elimine las irregularidades.
Muchos de esos exiliados tuvieron que dejar sus inmuebles y bienes al
Estado al salir de la Isla, donde la ley dispuso que sólo los familiares
que hubiesen convivido con ellos durante 10 años tendrían derecho a su casa.
Ese período obligado se reducirá ahora a cinco años, relajando las
regulaciones particulares para los emigrantes que el Gobierno dictó en
los años noventa con el objetivo de evitar "subterfugios y actos
fraudulentos" en el destino de sus bienes.
A inicios de la década del 2000 y de manera excepcional, Cuba vendió a
extranjeros residencias construidas en La Habana por una inmobiliaria
hispano-cubana, pero luego decidió "congelar" esa modalidad.
Para muchos cubanos la idea de que se construyan casas para extranjeros
en barrios residenciales es poco menos que "insultante", cuando el
problema de la vivienda es uno de los más agudos del país, junto al del
transporte y la alimentación.
Con 11,2 millones de habitantes, Cuba tenía hasta 2010 un déficit
reconocido de unas 600.000 casas, en parte por los destrozos que
causaron tres huracanes en 2008.
Según datos oficiales, más del 50 por ciento de las construcciones en la
Isla están en mal estado y unos 8,5 de cada 10 edificios necesita
reparaciones, a lo que se suman incumplimientos en los planes estatales
de construcción.
El Gobierno decidió en 2010 abrir la concesión de licencias de
construcción y liberó la venta de materiales.
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