Cubanos escépticos con nueva ley de viviendas
Anett Ríos / EFE
LA HABANA -- Los problemas de la vivienda han sido durante décadas una
odisea social, económica y burocrática para los cubanos, que a partir de
este año y, por primera vez en más de medio siglo de revolución, podrán
comprar y vender casas de modo legal, al margen del mercado negro.
Antes de que finalice el 2011, el Gobierno del gobernante Raúl Castro
prevé implantar una ley que levantará la prohibición de la compraventa
de viviendas entre particulares y flexibilizará los otros modos de
transmisión de la propiedad que existen en Cuba, donde el Estado
controla todo el sector.
Pero el largo historial de trámites, dificultades, esfuerzos y hasta
trampas para conseguir casa en un país que además tiene un grave déficit
de viviendas hacen que los cubanos se enfrenten al anuncio con buenas
dosis de escepticismo.
Hasta ahora, la legislación y las prohibiciones limitaron las opciones
para acceder a una vivienda: básicamente solo se podía conseguir
mediante un permiso estatal de construcción, permutas, herencias o la
compra ilegal.
En La Habana, donde vive casi el 20 por ciento de los cubanos, el perfil
de la ciudad ha sido modificado a lo largo de años con "ampliaciones" en
jardines, azoteas, garajes y patios; "barbacoas" o divisiones de la
altura interior de un inmueble para aprovechar espacio con la apertura
de ventanas para ventilar espacios que originalmente no fueron diseñados
para vivir.
Por la escasez de viviendas no es raro que cuatro generaciones convivan
en un mismo hogar, que ex cónyuges "dividan" y compartan sus
apartamentos, o que algunos busquen cuidar a ancianos sin herederos para
aspirar a la propiedad.
La necesidad de "resolver" (uno de los verbos más usados en la isla)
para sortear las prohibiciones creó un mercado negro con construcciones
clandestinas, falsificación de documentos, funcionarios corruptos y estafas.
Abel, de 47 años, dijo a Efe que en los noventa "resolvió" su problema
de vivienda al comprar una casa en el barrio habanero de Santos Suárez
por $16,000, una acción "enmascarada" dentro de una "permuta múltiple"
(el intercambio de varias casas en una misma operación).
En esa década de grave crisis, tras la caída del bloque soviético, la
compraventa ilegal proliferó en Cuba con la participación de
intermediarios ("permuteros", notarios, abogados) y, aunque el Estado la
persigue y ha confiscado inmuebles tras operaciones ilícitas, la
práctica se mantiene.
Abel, quien prefirió ocultar su identidad real, indicó que actualmente
hace gestiones para comprar en La Habana una casa para sus familiares
exiliados en Miami, una vez que entre en vigor la nueva ley.
Sin embargo, ya se ha anunciado que esa normativa sólo beneficiará a
cubanos y extranjeros residentes permanentes y que cada ciudadano sólo
podrá tener una propiedad.
"Hay cubanos en el extranjero que están pendientes de la ley para
asegurar casa en Cuba. No importa que esté prohibido, ya se buscarán la
forma de hacer las cosas", dijo a Efe Mayté, una abogada que no confía
en que la legalización de la compraventa elimine las irregularidades.
Muchos de esos exiliados tuvieron que dejar sus inmuebles y bienes al
Estado al salir de la isla, donde la ley dispuso que sólo los familiares
que hubiesen convivido con ellos durante 10 años tendrían derecho a
permanecer en su casa.
Ese período obligado se reducirá ahora a cinco años, relajando las
regulaciones particulares para los emigrantes dictadas por el Gobierno
en los años noventa, con el objetivo de evitar "subterfugios y actos
fraudulentos" en el destino de sus bienes.
A inicios de la década del 2000 y de manera excepcional, Cuba vendió a
extranjeros residencias construidas en La Habana por una inmobiliaria
hispano-cubana, pero luego decidió "congelar" esa modalidad.
Para muchos cubanos la idea de que se construyan casas para extranjeros
en barrios residenciales es poco menos que "insultante", cuando el
problema de la vivienda es uno de los más cruciales del país, junto al
del transporte y la alimentación.
Con 11.2 millones de habitantes, Cuba tenía hasta el 2010 un déficit
reconocido de unas 600,000 casas, inflado en parte por los destrozos que
causaron tres devastadores huracanes en el 2008.
Según datos oficiales, más del 50 por ciento de las construcciones en la
isla se encuentran en mal estado y unos 8.5 de cada 10 edificios
necesita reparaciones, a lo que se suman incumplimientos en los planes
estatales de construcción.
El Gobierno de Raúl Castro decidió en el 2010 abrir la concesión de
licencias de construcción y liberó la venta de materiales.
http://www.elnuevoherald.com/2011/07/09/977867/cubanos-escepticos-con-nueva-ley.html#storylink=rss
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