Jueves, 14 de Julio de 2011 12:14
La Habana, 14 de julio de 2011, (PD) La policía especializada, que no es
capaz de correr tras los delincuentes, se ensaña habitualmente contra
viajeros y transeúntes que deben pernoctar en las terminales de ómnibus
y trenes, policlínicas, funerarias, hospitales, parques, etc.
En esta capital no existen albergues apropiados que brinde refugio a los
numerosos ciudadanos que carecen de vivienda o temen la violencia que
llena nuestras calles y no se atreven a aventurarse por ellas para
regresar a sus hogares hasta que no es de día.
En las terminales se realizan hasta 4 operativos policiales diarios,
sobre las 10 de la noche, la una de la madrugada, las 3 a.m. y las 5
a.m., momentos en que los policías, en parejas o en grupos, en forma
descompuesta, la emprenden contra los viajeros que duermen sentados en
los asientos, porque no se les permite acostarse en el suelo. Entonces
se les exige la identificación, se les cachea y requisa en público, sin
explicaciones y con amenazas provocativas e intimidantes. Luego,
seleccionan a algunos y proceden a sacarlos fuera del edificio. Sus
datos personales son radiados, a algunos se les multa, a otros se les
prohíbe volver al interior de edificio. A los menos afortunados los
detienen y conducen a las tenebrosas estaciones de la Policía Nacional
Revolucionaria, donde se les libera al día siguiente o se les procesa
por cualquier delito.
Incluso dementes y otros discapacitados sufren los mismos atropellos,
sin que se excluya la violencia, sobre todo si se trata de personas de
la raza negra e indigentes.
Mientras estas acciones se despliegan contra ciudadanos humildes y
pacíficos, los delincuentes se apropian de las calles, que el eslogan
dice que "son de los revolucionarios".
Asaltan a mano armada, golpean, asesinan, extorsionan, estafan, roban en
las viviendas y atemorizan a la población, tanto por la violencia, como
por la impunidad con que actúan. La policía no se toma el trabajo de
perseguirles, de encontrar formas para neutralizarles o investigar las
fechorías cometidas.
Esto, obliga desde los años 90 del pasado siglo, a que los ciudadanos,
sin previa condena privativa de libertad, se autocondenen a cadena
perpetua y forren sus viviendas con rejas, cámaras de vigilancia y otros
sistemas de seguridad, en los que confían más que en la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR), que les pelotea y se burla cuando los ingenuos se
atreven a ir a denunciar los delitos de los que han sido víctimas.
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