El rompecabezas de la vivienda en Cuba
ORLANDO PALMA, La Habana | Enero 07, 2016
A un año de extinguirse el Instituto Nacional de la Vivienda, se
mantienen las irregularidades que llevaron a disolver al todopoderoso
organismo gubernamental. El exceso de trámites y su morosidad generan
molestias en una población que apenas nota beneficios en la
transferencia de funciones a otras entidades estatales.
El 5 de enero de 2015 entró en vigor el Decreto Ley 322 que ponía fin a
décadas de reinado del Instituto Nacional de la Vivienda. Desde
entonces, el Ministerio de la Construcción asumió la potestad de regir
la política de vivienda del país, mientras otras funciones recayeron en
el Instituto de Planificación Física (IPF), los tribunales y el
Ministerio de trabajo y Seguridad Social.
Durante los últimos doce meses se han recibido unas 200.000 quejas
relacionadas con trámites vinculados a la vivienda. Esta cifra supera
las insatisfacciones documentadas contra el organismo que anteriormente
atendía esas cuestiones, según se informó durante la última sesión de la
Asamblea Nacional, en diciembre pasado.
Diana Rosa Suárez, directora jurídica del IPF, comentó ante los medios
oficiales que existen retrasos en los trámites, fundamentalmente
aquellos vinculados a dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas,
aunque adjudicó las demoras a las carencias materiales y de personal,
especialmente calificado.
La funcionaria defendió su entidad, al detallar que el actual documento
que certifica "el habitable" –para viviendas recién construidas o
reparadas– incluye ahora más datos que con anterioridad. Entre ellos,
las medidas del inmueble y sus linderos, la tasación y hasta el número
que se coloca en la fachada de la casa.
Sin embargo, las argumentaciones de los representantes del IPF no
aplacan las críticas. Caridad Rodríguez, una residente del capitalino
municipio de Regla, considera que "las cosas pueden haber cambiado por
allá arriba, pero aquí abajo sigue como antes". La jubilada narra que al
solicitar los servicios del arquitecto de la comunidad, le anunciaron
que demoraría dos semanas, pero tuvo que esperar cuatro meses.
"Para vender mi casa tenía que inscribirla en el registro de propiedad",
detalla la señora, por lo que necesitaba que un especialista determinara
que la distribución del inmueble coincidía "con lo que aparece en los
papeles". Después de obtener el dictamen del arquitecto, debió aguardar
45 días para que la oficina del registro le otorgara la copia legalizada
de su propiedad. Ahora, busca un nuevo comprador para su inmueble porque
el anterior estaba apurado y desestimó la oferta.
En la provincia Villa Clara, el 70% de los planteamientos que los
ciudadanos hicieron a lo largo del pasado año en las asambleas de
rendición de cuentas se refieren a dificultades para legalizar terrenos
y viviendas o acceder a subsidios, según refirieron los parlamentarios
reunidos en el Palacio de las Convenciones. Otro tanto ha ocurrido en
Las Tunas, Granma y Sancti Spíritus.
La impopularidad crece alrededor del Instituto de Planificación Física,
dirigido por el general Samuel Rodiles Planas. Muchos ven esta
institución más como un freno que como un acelerador ante las
iniciativas de la población para construir viviendas por esfuerzo propio.
En el afán de luchar contra las ilegalidades y las violaciones
urbanísticas, proliferaron en 2015 las demoliciones de viviendas o de
agregados que se realizaron durante décadas para ampliar el espacio
habitacional.
En el reparto Alamar, Vladimir Pacheco, quien vive en un apartamento de
dos cuartos en la planta baja de un edificio de cinco pisos, construyó
dos dormitorios anexos a su casa, en lo que él interpretó como un
terreno de nadie. "Llegué aquí con mi mujer y dos hijos varones en
1976", cuenta a este diario.
"En los ochenta me nació la niña y ya en el 2004 éramos nueve personas
contando a mis cuatro nietos", agrega. El hombre decidió extender su
casa hacia un terreno al fondo de su apartamento. En julio del año
pasado, inspectores del Instituto de Planificación Física, le anunciaron
que demolerían la construcción alternativa. "Mis dos hijos varones dicen
que si tumban los cuartos se tiran al mar", se preocupa el propietario
de la vivienda.
En una notaría en el habanero municipio Playa, un abogado que prefirió
no identificarse comentó a 14ymedio que hay que reconocer que ahora los
trámites se han hecho más complejos. "El día que en este país se puedan
construir todas las casas que la gente necesita vamos a tener que
cambiar todos los mecanismos que hoy existen", refiere y confiesa que
"de lo contrario habrá que importar notarios de otra parte".
El verdadero desafío de la política de viviendas va más allá de
ilegalidades y corruptelas, de violaciones urbanísticas o determinación
de linderos. El abogado sentencia: "El problema es mucho más complicado
que disminuir las colas o el tiempo de espera para obtener un documento
y al mismo tiempo es tan simple como colocar un ladrillo encima de otro".
Source: El rompecabezas de la vivienda en Cuba -
http://www.14ymedio.com/nacional/rompecabezas-vivienda-Cuba_0_1921007893.html
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