DESALOJO EN MARIANAO

DESALOJO EN MARIANAO
27-07-2011.
Dania Virgen García
Corresponsal de Misceláneas de Cuba

(www.miscelaneasdecuba.net).- Yusney Rivero Peláez acusa a la policía
nacional, la dirección de la vivienda municipal y provincial, el Partido
Comunista y el Consejo de Estado de confabularse para expulsarla de la
vivienda en Marianao donde vivía desde hacia 12 años y trasladarla a
la fuerza a Sancti Spíritus.

Rivero Peláez vivía en 71 número 11610, entre 116 y 118, en Los Ángeles,
Marianao, desde el años 1999, junto a su ex-esposo, Duviel Cabrera
Expósito, y sus dos hijos, Yosvana, de 9 años, y Yohandri Duviel, de 8.

Después de divorciarse, Yusney Rivero y sus hijos continuaron viviendo
en la casa, que se encuentra a nombre del tío de los niños, José Rafael
Expósito Morales, quien reside fuera de la morada desde hace varios años
con su madre, porque ambos realizaron una supuesta permuta para la
provincia de Sancti Spíritus.

El 18 de julio a las 8 de la mañana, se personaron en la casa alrededor
de veinte miembros de la dirección municipal de vivienda, al frente de
los cuales se encontraba Barbará Greta Rodríguez, jefa de
enfrentamiento, para desalojar a Yusney y sus hijos. Apoyados por
efectivos de la policía, montaron todas las pertenencias de Yusney en un
camión.

A las 8 de la noche del mismo día, la mujer y los niños fueron
conducidos por la funcionaria Bárbara y la policía para la terminal de
trenes. Allí fueron obligados a montar en un tren rumbo a Sancti Spíritus.

El día 19 a las seis de la mañana, Yusney Rivero llamó a esta periodista
para denunciar que había sido engañada, porque cuando llegó a Sancti
Spíritus en la Dirección de Vivienda no sabían de la permuta
supuestamente realizada por el señor Gustavo Martín Diéguez Caballero,
quien trabaja en Flora y Fauna con el comandante de la revolución
Guillermo García Frías.

También Rivero manifestó que sus pertenencias no aparecen por ninguna
parte y sus hijos se encuentran en la calle sin comer y sin tener donde
dormir.

Yusney Rivero Peláez ha reclamado al Poder Popular, la Dirección
Provincial de la Vivienda y el Consejo de Estado. Cuando hizo una
llamada telefónica al departamento 21 de la seguridad del Estado, un
oficial nombrado Abel le comunicó que "ese asunto no les compete a ellos".

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