Si esto no se llama injusticia, que otro le ponga nombre'

'Si esto no se llama injusticia, que otro le ponga nombre'
MANUEL ALEJANDRO LEÓN VELÁZQUEZ | Guantánamo | 18 de Agosto de 2016 -
05:00 CEST.

Teresa Miranda Céspedes, de 53 años de edad y residente en Mártires del
Corintia, Guaro, en el municipio Mayarí de la provincia Holguín es una
víctima del incumplimiento por parte del Estado de la entrega de
subsidios para la reparación de viviendas destruidas por el paso de
ciclones.

Desde hace alrededor de 30 años y hasta el paso del huracán Sandy por el
oriente del país, Teresa vivía en una casita pequeña y de madera con
piso de cemento pulido, que quedó devastada luego de que le cayera un
árbol encima.

Ella explica que desde ese entonces ha acudido en varias ocasiones a las
distintas instituciones municipales de Vivienda, pero no encuentra
solución a su problema.

"Los funcionarios de Vivienda que atienden estos casos prometieron que
iban a facilitarme materiales de construcción por medio de una
bonificación, o sea, un precio bajo. Para ello tuve que solicitar los
servicios de un arquitecto para que me hiciera el plano de la vivienda a
construir, servicio que pagué para nada", refiere desconsolada esta
campesina.

Luego de un largo tiempo de espera, en 2014 la funcionaria que atiende
su zona la contactó y las noticias no fueron para nada alentadoras.

"Me dijo que no podían facilitarme una bonificación, pues el Gobierno no
tenía dinero para eso, pero que aún podía solicitar un subsidio. Me
hicieron un expediente con número —348-2014—, y me dijeron que los
derrumbes totales tendrían prioridad", recuerda Teresa.

Este año, luego de tanto esperar, acudió varias veces a la oficina antes
mencionada, donde la atendió otra funcionaria, que le orientó que debía
llevar la propiedad de la casa. Y, sin embargo, al hacerlo la respuesta
la dejó desconcertada.

"La funcionaria que me atendió esta vez me dijo que con esa propiedad no
procede un subsidio, pues se trata de una vivienda incondicionada. Según
ella, se trataba de la Ley 77 de 2013. Aquello me molestó tanto que no
tuve más remedio que decirle que esa nueva ley es para quitarse un poco
de gente de encima, gente que al igual que yo, tiene este problema con
la vivienda".

Un caso más y muchos más casos

Vecina de Teresa, Virgen Batista López, de 58 años de edad y que vive
con una niña de 11 años y un hijo con retraso mental, se encuentra en
situación similar.

"Cuando pasó el huracán Ike, en septiembre de 2008, mi casa era de
madera y un techo de guano que desapareció con la ventolera, por lo que
la gente de Vivienda me ofrecieron nueve tejas de zinc luego de que me
presentara con la propiedad de la casa. Cuando pasó Sandy, la casa fue
destruida totalmente y me orientaron que buscara la propiedad de la
casa. Y cuando me personé en la oficina de Vivienda, donde supuestamente
debería estar archivado mi título de propiedad desde el fenómeno
anterior, no aparecía. Solo había un portafolio vacío".

Se presentó entoncs ante la Fiscalía General de la República (FGR) para
establecer una demanda contra la entidad antes mencionada, pero la
solución ha sido peor.

"Me dijeron en la oficina de Vivienda que debo pagar la casa que se
derrumbó totalmente para que den el título de propiedad. En mi última
visita a Fiscalía quedaron en que seré citada nuevamente junto con el
director de Vivienda y me dijeron además: 'Tú sabes que eso demora'".

"Esa expresión casi me hace llorar de tanta rabia", agrega Virgen. "Lo
que quedó de mi casa se encuentra en peligro de derrumbe. La realidad es
ya no tengo muchas esperanzas de que esto se solucione".

Sobre la posible existencia o no, de otros casos como el suyo en la
misma localidad donde reside, Teresa comenta: "Conozco varias personas
que están en una situación similar a la mía, y no solo desde que pasó
Sandy, sino que aún hay damnificados del ciclón anterior a ese y que aún
no han recibido ayuda para su problema".

"Desafortunadamente, ellos han decidido callarse y dejar que todo se
quede en silencio porque tienen miedo", añade. "Lo que sí tengo claro es
que todo el mundo sabe de la corrupción que hay con todo ese asunto de
la vivienda y los materiales y, entre los horrores que se escuchan,
existen comentarios de que gente que trabaja en el Gobierno ha estado
vendiendo en la calle materiales de construcción".

Son precisamente esos funcionarios los encargados de dar la última
palabra a la hora de aprobar los subsidios.

"Si esto no se llama injusticia, que otro le ponga nombre", sentencia
resentida esta campesina del oriente cubano.

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Diario de Cuba - http://www.diariodecuba.com/cuba/1471381487_24647.html