El régimen rompe su acuerdo con España y la Iglesia y confisca la casa
de un deportado
DDC
Madrid 11-05-2011 - 8:42 pm.
También impide el regreso a la Isla de dos ancianos que acompañaron a ex
presos políticos en su viaje a España.
Pasaporte de Catalina Cano Vergara. (DDC)
El régimen ha roto su acuerdo con el gobierno español y la Iglesia
Católica al confiscar la casa del ex preso Juan Francisco Marimón,
además de impedir el regreso a la Isla de dos ancianos.
Marimón vivía en la calle Maceo, número 17, reparto El Jardín, San Luis,
Pinar del Rio. Fue excarcelado en octubre de 2010, como parte de la
negociación entre La Habana, Madrid y la Iglesia Católica.
Sus familiares en San Luis han debido abandonar la vivienda por decisión
del Gobierno, que ya la ha "asignado" a otras personas, denunció el
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
El organismo, con sede en Madrid, también señaló que el régimen impide
el regreso a la Isla de dos ancianos que acompañaron a ex presos en su
viaje a España.
Se trata de Catalina Cano Vergara, de 83 años de edad, y Leonel Grave de
Peralta Díaz, de 63, quienes hicieron gestiones ante la Embajada de Cuba
en España para retornar a su país.
El Gobierno les ha negado a ambos el permiso de entrada, denunció el OCDH.
DIARIO DE CUBA tuvo acceso a una copia del pasaporte de Catalina Cano
Vergara, en el que las autoridades consulares estamparon el sello de
"Anulado" sobre el permiso de entrada y salida.
"El Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifiesta su preocupación
por la reiterada violación del gobierno cubano al compromiso contraído
con los familiares de los ex prisioneros políticos cubanos acogidos en
España, en lo concerniente a su derecho a regresar a su patria", señaló
un comunicado.
Unas nueve personas acogidas por el gobierno español han mostrado su
deseo de regresar a la Isla. Todas son familiares de ex presos.
En julio de 2010, el entonces canciller español, Miguel Ángel Moratinos,
dijo que el acuerdo con La Habana estipulaba que los familiares de los
presos podrían regresar a Cuba libremente y no perderían sus viviendas o
propiedades, mientras que los ex reclusos deberían obtener una
autorización para volver.
El OCDH recordó que "la posibilidad de retorno y el respeto a sus
propiedades, más que un compromiso entre las partes, son derechos
reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
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