Una familia desesperada

Una familia desesperada
[22-08-2012]
Fundación Madre, Familia y Futuro

(www.miscelaneasdecuba.net).- Juan Carlos Díaz Fonseca de 45 años de
edad, está contagiado de SIDA desde 1999; padece entre otras
enfermedades de esofagitis aguda y desgaste en los huesos. Él vivía en
un contenedor situado en Las Pelas, entre Barrera y Tarará, Camino Minas
del Petróleo, Guanabacoa, La Habana. Allí "residía" con su familia,
integrada por su esposa Judith Muñíz Peraza de 37 años y los hijos de
ésta, Yorlandis Muñíz Peraza de 16 años y Leydi Durán Muñíz de 14,
epiléptica con ataques frecuentes y con retraso mental, y dos hijos más
que abandonaron ilegalmente el país en fecha reciente.

En una visita de funcionarios de Bienestar Social éstos decidieron
otorgarle una chequera de 285,00 cup y una inhabitable vivienda para
que la reparara por sus propios medios; pero sin ningún documento que le
permitiera hacer gestiones. Cuando en mayo de 2007, la Dirección
Municipal de la vivienda le entregó el local situado en Apodaca # 335
entre Lebredo y Cadena, en Guanabacoa, solo llamó como testigo al
presidente del CDR y coordinador de la Zona, nombrado Ángel González
Valdés, quien afirmó en un escrito del 16 de junio de 2010, que en esa
ocasión planteó su desacuerdo con la entrega de un local tan ruinoso,
pero le contestaron que esa era la casa que le correspondía a esa familia.

Al cabo de 3 años, en mayo de 2010, Bienestar Social le canceló la
chequera a Juan Carlos, y después de mucho quejarse, cuando le fue
devuelta le habían rebajado el monto a cobrar a 147,00 cup y le
informaron que tenía que ir al Banco a realizar un contrato para el pago
de los efectos electrodomésticos que adeudaba. Por ese motivo debe pagar
66,00 cup mensuales y adeuda actualmente 6 meses de pago, unos 400
pesos. Tiene que estar más de 4 meses sin hacer uso de los 81 cup que le
quedan mensualmente, para liquidar la deuda.

Un dictamen médico de 8 de julio de 2010, firmado por el Dr. Jorge
Medina LLeres, de Medicina del Trabajo y la Dra. González Michelena
Claro de la Comisión Provincial de Peritaje, ambos del Ministerio de
Salud Pública, lo declaró con severa discapacidad por el deterioro de su
estado general y del sistema inmunológico causado por el SIDA, con
presencia de gérmenes oportunistas, cuadro diarreico crónico, febrícula
vespertina y mucosas ligeramente hipocoloreadas. El médico de su
policlínico, Dr. Manuel Ortiz Hernández, le ha dicho, que debido a sus
enfermedades no puede laborar para no precipitar lo limitado de su
tiempo de vida, e igualmente en un certificado médico de junio de 2010
lo declaró incapacitado para el trabajo. El tratamiento médico para el
SIDA no le asienta, ya que le produce mucha acidez debido a la
esofagitis, y se lo suspendieron. El médico quedó en recetarle el
tratamiento adecuado.

El jueves 16 e agosto lo enviaron al IPK (Instituto Pedro Kourí) para
hacerle los análisis para un nuevo tratamiento médico, pero no había
agua en el laboratorio y lo remitieron al Policlínico Docente Julio
Antonio Mella de Guanabacoa. El médico, al apreciar el atraso en los
resultados de las investigaciones, le dijo que tenía que retomar los
medicamentos ya indicados por las malas condiciones en que se
encontraba, aunque le produjeran daños estomacales.

Este cuadro de poca salud, se ve afectado porque al no tener propiedad
de la casa, no pueden acceder a la libreta de racionamiento, que lleva
implícita la dieta alimentaria por su estado y también la legalización
de un carné de identidad en el lugar, que en algún momento le permitiría
hacer algunas reparaciones en la maltrecha vivienda.

Juan Carlos ha escrito al gobierno de Guanabacoa, al Partido y al
Instituto de la Vivienda para obtener esta propiedad, sin resultado
alguno. Escribió al Consejo de Estado en junio de 2002 y la respuesta
que recibió de René Montes de Oca Ruiz, jefe del Dpto. de Atención a la
Población, en aquel entonces, fue que aunque comprendía sus razones,
era la Dirección Municipal de la vivienda la que tenía que resolver el
caso. Este mismo funcionario cuando Juan Carlos se quejó del maltrato
recibido en la Dirección Municipal de la Vivienda, le respondió el 25
de junio de 2003 en similares términos, haciendo caso omiso al
descontento presentado.

La delegada de su circunscripción, Marlen Carrió Quintana, afirmó en
carta del 16 de junio de 2010, que la vivienda estaba en pésimas
condiciones, que era inhabitable, que al otorgarla no se tuvieron en
cuenta las condiciones del núcleo que la recibió, y pidió cooperación
para su solución.

Por otra parte la hija menor, Leydi, además de retraso mental, padece de
ataques de epilepsia desde los tres meses de nacida, para lo cual tiene
un tratamiento que le suspenden cuando cesan temporalmente los ataques y
en la actualidad carece de método. Repitió el séptimo grado en una
escuela especial debido a los ataque de epilepsia.

El 15 de agosto, la comunicadora comunitaria y directora de la Fundación
Madres, Familia y Futuro, Ivis Rodríguez González, se entrevistó con
Michel, director del Policlínico Julio Antonio Mella y le respondió que
le daría turno a Leydi al día siguiente para el neurólogo. El día
siguiente los padres llevaron a consulta la niña, pero el neurólogo no
asistió. El Dr. Orestes, sub director del Policlínico remitió la madre a
la posta médica para que le dieran la historia clínica de Leydi y que
con ella se dirigiera a la pediatra.

La doctora asignada a esta institución de salud estaba de vacaciones y
la enfermera, informó de la pérdida de la historia clínica de la niña e
hizo una en blanco para que la pudiera atender la pediatra; que le
indicó, que producto del retraso mental, tenía que verla inicialmente un
sicólogo.
En resumen, para que la niña tenga un turno médico para un neurólogo,
debe depender de un pediatra y un sicólogo, y mientras tanto continúa
sin sus medicinas.

Lo extenso de esta denuncia se debe a que es imposible resumir tanta
insensibilidad humana, generalizada por parte de las instituciones
oficiales, en un país que dice ser ejemplo de justicia social.

Nota: En la recopilación y verificación de datos y documentos, así como
en la confección de este escrito intervinieron: Ivis María Rodríguez
González, Yainé Pintado Aldaya y Arnaldo Ramos Lauzurique. También han
apoyado a la familia en sus trámites médicos.

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=36846