“Ilegales” en nuestro propio país: El Estado fomenta la discriminación en Cuba

"Ilegales" en nuestro propio país: El Estado fomenta la discriminación
en Cuba
Martes, Mayo 8, 2012 | Por Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, mayo, www.cubanet.org -Una inusual discusión entre
lectores, en la sección semanal Cartas a la Dirección, del diario
Granma, sobre la migración de personas de otras regiones de la isla
hacia la capital, llama a la reflexión sobre actitudes discriminatorias
que se enraízan en la población cubana.

"No podemos darnos el lujo de descuidarnos y que, por negligencia,
provoquemos una abierta migración interna y una población flotante que
nada aporta y mucho perjudica", comentó Pozo Álvarez, en una misiva
publicada en la sección, el viernes 23 de marzo.

La Habana, según datos estimados por la Oficina Nacional de
Estadísticas, en el año 2010 tenía, aproximadamente, 2 135 498 millones
de habitantes, y una población flotante superior al medio millón de
personas, que la visitan o viven en ella temporalmente.

Para el comentarista, estas personas, "en su mayoría ilegales",
perjudican "el acceso al transporte público urbano, a los servicios
básicos, la vivienda". "Este estrato social no logra insertarse
adecuadamente, de forma gradual se vuelven portadores de una conducta
antisocial, al atravesar un deterioro paulatino de su comportamiento
individual, y, en el peor de los casos, terminan cometiendo actos
delictivos", agregó.

Según el lector, los migrantes provenientes de otras regiones del país:
"Son el reflejo despreciable de una realidad socio cultural, que de
alguna forma altera el sistema de valores y la imagen de nuestro
pueblo". "Se trasladan malos hábitos, comportamientos inadecuados y
modos de vida incompatibles, que son rechazados por la población".

"Aunque se han aprobado decretos que reglamentan estos traslados
espontáneos hacia La Habana, aún existen fallas visibles en su
implementación", afirmó Pozo Álvarez en otro de sus comentarios,
publicados el pasado 20 de abril. El comentarista se refería al Decreto
217 "De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana"

Este decreto impide a las personas provenientes de otros territorios del
país residir en La Habana sin previa autorización gubernamental. Les
exige solicitar, a los presidentes de los gobiernos locales, a través de
la Direcciones Municipales de la Vivienda, el reconocimiento del derecho
de residencia, y con él, la libertad de circular dentro de la capital.

Hasta la fecha, más de 17 disposiciones legales implementan su
aplicación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prohibió a las
entidades estatales radicadas en la Habana, contratar de manera
individual a trabajadores no residentes permanentes en la misma. Igual
prohibición estableció para las Direcciones de Trabajo, respecto al
otorgamiento de licencias para el trabajo por cuenta propia.

La norma emitida, en 1997, por el Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, instituye, además, un sistema de contravenciones personales
para los casos de incumplimiento. Las multas van desde los 200 hasta
1000 pesos, moneda nacional. En todo caso, exige a los infractores la
obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.

Los órganos policiales, las Direcciones Municipales de la Vivienda y las
Oficinas del Registro de Direcciones, se encargan de ejecutar la norma
al pie de la letra. Se ha dado el caso de ciudadanos que han sido
multados varias veces por "ilegales", en virtud del Decreto 217, por
cada una de estas entidades estatales.

"Es una realidad cruda que golpea e impacta negativamente la imagen del
país", afirmó Pozo Álvarez "De mantenerse estas corrientes migratorias
espontáneas y no controladas, hacia La Habana, la vida en la capital
será cada vez más adversa e insostenible, y eso no podemos permitirlo",
concluyó.

Sin embargo, las autoridades se exceden en la aplicación de las citadas
medidas prohibitivas. Los órganos policiales tienen autorización para
detener, arrestar y deportar a su lugar de origen, a las personas
sospechosa de estar ilegales en La Habana, a pesar de que ninguna norma
penal criminaliza la estancia en la capital, como un delito.

Los tribunales revolucionarios, por su parte, llegan al extremo de
declarar en estado peligroso, por conducta antisocial, a los ciudadanos
que reincidentemente, violentan las disposiciones del decreto 217. La
aplicación de la medida conlleva hasta 4 años de privación de la libertad.

"La política socio migratoria de nuestro país es muy clara y se
corresponde con nuestras particularidades, por lo que ni remotamente es
discriminatoria", afirmó el lector del diario Granma. La Constitución
cubana, sin embargo, reconoce que "los ciudadanos…se domicilian en
cualquier sector, zona o barrio de las ciudades…".

No hay dudas. La discriminación entre cubanos respecto a la migración
interna, es estimulada por disposiciones y por actos del gobierno, que
en contra de los dictados constitucionales, restringe las libertades
ciudadanas.

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