Unos 46 asentamientos ilegales (villas miserias) son el objetivo de la
Dirección Provincial de Planificación Física en Villa Clara para
rescatar la legalidad.
martinoticias.com 04 de agosto de 2011
Poner freno a los 46 asentamientos ilegales existentes (en Villa Clara)
constituye una vertiente decisiva en el rescate de la legalidad perdida,
ha asegurado el diario provincial Vanguardia en su edición del 1 de agosto
El reporte del órgano villaclareño añade que "esas más de 3 mil
viviendas que han ido apareciendo en la geografía, en particular en la
periferia de sus principales ciudades, además de dañar el entorno, hacen
peligrar la salud de sus habitantes, dado lo antihigiénico y precario de
las construcciones.
Añade Vanguardia que en el "acápite de las multas resalta -según un
informe emitido por la dirección provincial de la propia entidad- la
enorme insatisfacción porque en el primer semestre fueron impuestas
solamente 17 multas de seguimiento: diez en Santa Clara, seis en
Caibarién y una en Camajuaní. La situación indica claramente que no ha
existido una real voluntad por resolver el problema.
La opinión popular -según un informe de Idania Yánez Contreras- coincide
en que la Dirección Provincial del Instituto de Planificación Física
podría convertirse en un órgano represor en Villa Clara si aplica multas
a la población que vive en asentamientos ilegales.
Yánez Contreras, quien conoce el tema porque ha brindado su apoyo a
familias hostigadas por los inspectores del gobierno para que abandonen
el lugar donde viven, ha dicho que frenar los asentamientos ilegales
con multas y desalojos pondría a los inspectores estatales y al
organismo de planificación física en un verdadero plan de represores
porque "esas familias no tienen a donde ir, y para sacarlas de sus
humildes residencias tendrían que aplicar sobre ellos la fuerza y la
violencia'.
La activista, junto a otros opositores de la ciudad de Santa Clara, han
brindado apoyo en varias ocasiones a familias bajo amenaza de desalojo y
conoce detalles de las motivaciones que esas personas han tenido para
lanzarse a la arriesgada aventura de improvisar un techo en lugares
carentes de condiciones higiénicas.
"La familia crece y ya en las casas no caben tantas personas -ha dicho
la opositora. Ellos caen en la ilegalidad porque el propio gobierno los
obliga al no darle permiso para fabricar, y mucho menos les vende
materiales de construcción.
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