Inmuebles ocupados supuestamente de manera ilegal, funcionarios
corruptos e intimidaciones por motivos políticos conforman el drama de
los desalojados.
martinoticias.com 24 de agosto de 2011
Vecinos de una popular barriada habanera se presentaron frente al
Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución para protestar por un
desalojo masivo.
"En Holguín hay alrededor de 30 empleados de Vivienda presos por quitar
las casas a propietarios legítimos y venderlas luego por altas sumas de
dinero", afirma Caridad Caballero, cuya familia está amenazada de desalojo.
Estos casos de "extracción forzosa" -como llaman ahora al desalojo- se
han convertido en una pesadilla para muchas familias cubanas,
particularmente en la región oriental de la Isla, según los testimonios
recogidos por matinoticias.
"En Holguín se está viendo que están desalojando a propietarios
legítimos de más de 15 años residiendo en el lugar y con título de
propiedad", dijo Caballero.
Alude al caso ocurrido en Báguano, reportado recientemente por
martinoticias, con la señora Mercedes Reyes que fue finalmente forzada a
abandonar su vivienda. "Su "arresto" ocurrió delante de sus nietos
pequeños. Aquello fue terrible cómo la sacaron, como si fuera una
delincuente".
"En estos momentos, en la vivienda arrebatada a Mercedes está
funcionando el Registro Civil de Báguano", informó.
Caballero comenta otros casos de desalojo forzoso, y de amenazas, entre
ellos el suyo.
"Nosotros también hemos sido objeto de varias citaciones para sacarnos
del inmueble donde vivimos desde hace 16 años", declara Caridad
Caballero. "Tendrán que tumbar la casa, porque no vamos a salir".
La señora Nancy Urrelis de 65 años de edad y su hijo Arnaldo Lázaro
Pello, están bajo la amenaza de ser desalojados por la policía y la
Dirección de la Vivienda del municipio Ciego de Ávila. Después de que su
casa fuese devastada por el paso de un huracán, el gobierno prometió
reconstruirla, pero nunca lo hicieron, escribe el activista disidente
Roberto Valdivia, en el portal Primavera digital.
Valdivia añade que más tarde se trasladaron a la provincia Ciego de
Ávila, donde acogidos al decreto ley 271 recibieron en usufructo una
parcela de tierra ociosa, plagada de marabú y como vivienda un
contenedor (de los que se usan en los barcos para transportar
mercancías), al que habilitaron con puertas, techo y ventanas. Cuando
las tierras estuvieron preparadas, el gobierno les retiró el usufructo y
les obligó a desalojar del lugar, sin importar que ambos presentan
serios problemas de salud, con el argumento de que sería usado para la
siembra de plantas ornamentales con destino al turismo.
Resistidos a abandonar el lugar por haber sido engañados por el
gobierno, la familia se mantiene en el contenedor-vivienda a pocos
metros de un polígono de instrucción militar, sin agua potable ni
electricidad. Allí son asediados por funcionarios de la vivienda y por
la policía, para que abandonen el lugar. Ambos fueron declarados
'ocupantes ilegales' y si no abandonan el lugar, serán sacados a la
fuerza y procesados por los tribunales, informa el activista.
Según Valdivia, además de la señora Urrelis, más de 20 familias ubicadas
en el reparto Canaleta han sido amenazadas de desalojo. Las familias,
que habían construido sus casas con materiales endebles como cartón y
planchas de zinc en un barrio marginal, fueron forzadas a abandonar el
lugar. Días después un grupo de mujeres representando a todas las
familias, hicieron una manifestación pública ante la dirección
provincial de la vivienda, pero esta acción no tuvo resultado .
"Finalmente llegó una brigada con camiones, cuenta Valdivia, para
realizar la extracción forzosa y trasladar a estas familias a sus
lugares de origen donde los sueltan en la Policía, y es como decirles
"vaya, aquí tienen su paquete, cójanlo y resuelvan ustedes el problema".
Otro caso es el del señor Eleoval Suárez Moure de 36 años y vecino del
municipio Florida, provincia Camagüey, cuenta Valdivia. Una tormenta
local severa provocó daños de envergadura y su casa se encuentra
actualmente en fase de derrumbe. La situación lo llevó a solicitar ayuda
nuevamente a la Dirección Municipal de la Vivienda y al Poder Popular.
Ambas instancias declararon no contar con medios para resolver el caso.
Tendrá que esperar que la casa se derrumbe totalmente. Le sugirieron que
retirara los artículos y equipos de valor que pudieran ser afectados.
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