Monday, May 23, 2011 | Por Miguel Iturria Savón
LA HABANA, Cuba, mayo (www.cubanet.org) – Sólo a veces, cuando un rayo
de lucidez penetra en sus neuronas, Francisca Herrera Cuéllar, de 95
años, reconoce a su nieta Cruz Maritza León Pérez, quien enfrentó en su
nombre una orden de desalojo y un juicio oral en el Tribunal Municipal
del municipio Plaza, por intentar protegerla del derrumbe inminente del
pequeño apartamento familiar, en los altos de Línea 1060 entre 12 y 14,
Vedado, de donde la trasladó a las habitaciones desocupadas por el
oficial Francisco Martínez Blanes, beneficiado por el Ministerio del
Interior con una casa nueva en Ayestarán entre Capdevila y Concepción.
Antes de trasladarse a un espacio en mejor estado, Cruz Maritza León
Pérez, de 50 años, residía en dos piezas con barbacoa en unión de su
abuela, la madre de 72 años, un tío de 68 y la hija de 21. El inmueble
data de 1920 y fue declarado inhabitable a mediados de los años ochenta
por la Dirección Municipal de Vivienda, cuya comisión de albergues no
dispone de medios para acoger a los inquilinos de la antigua residencia,
una entre las tantas del Vedado que debe ser demolida, previo abandono
de cada familia, obligadas a apuntalar su área mientras esperan el
derrumbe o el traslado a otra casa, pues en Cuba el gobierno controla
las viviendas y prohíbe su compra-venta.
La historia del acoso institucional contra Cruz Maritza y los suyos pasa
por reclamaciones previas ante la Dirección de Vivienda y la comisión de
albergues del municipio Plaza; continúa con el emplazamiento legal de
Francisco Martínez Blanes, quien meses después de su partida acusa a la
anciana Francisca Herrera Cuéllar de usurpación del inmueble desocupado;
le sigue con el peloteo de los funcionarios locales, porque el edificio
pertenece a la llamada "zona congelada" del Ministerio del Interior; se
enreda con el hermetismo de ese ministerio; se dilata con la citación
para juicios pospuestos y con el intento de detención y la orden de
desalojo, que el policía consideró improcedente.
El desafío habitacional entre la nieta de la anciana apopléjica y los
guardianes del espacio que quedó vacío, tuvo su final en el juicio
realizado el 18 de mayo. Cruz Maritza León fue con los documentos que
demostraban el estado de necesidad de sus parientes, el certificado
médico de la abuela vegetativa, el dictamen técnico del inmueble y las
solicitudes realizadas ante la coyuntura de mover a los suyos a dos
habitaciones menos deplorables. Felizmente, el tribunal dictaminó que no
hubo delito en este caso.
Si las autoridades que no respondieron a sus reclamos ni revelaron
interés en el apartamento vacío ordenaran el retorno al lugar de origen
por "ejercicio arbitrario del derecho", la alternativa sería esperar la
muerte bajo derrumbe; episodio lamentable, pero frecuente en la realidad
insular.
Aunque a veces la solución de casos similares resulta salomónica, el día
del juicio sólo se discutió la existencia o no del delito. Lo otro
dependerá de la disposición que adopte la Dirección Municipal de
Vivienda. Veremos qué pasa, pues la maquinaria estatal cubana es
extremadamente burocrática a la hora de resolver los problemas
ciudadanos, y eficaz en cuestiones represivas."
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